El Tribunal Constitucional (TC) de Perú aceptó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, pero rechazó una medida cautelar para que el Legislativo vuelva a ejercer sus funciones, con lo que dio por consumado el cierre del Parlamento.
La aceptación a «trámite» de la revisión de la medida anunciada por Vizcarra el 30 de septiembre fue tomada este martes por los siete miembros del TC, mientras que la medida cautelar para suspenderla fue declarada «improcedente» por cinco votos contra dos.
Esta votación, que se hizo en respuesta a solicitudes presentadas por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, implica que las elecciones legislativas previstas para el 26 de enero se mantendrán sin impedimentos, ya que se considera que el debate en el TC tardará, en promedio, unos tres meses.
LA EXPLICACIÓN DEL TC
Tras conocerse la decisión, el presidente del TC, Ernesto Blume, leyó un comunicado ante los periodistas en el que indicó que será notificada al Poder Ejecutivo para que «conteste la demanda» en el plazo máximo de 30 días que establece la ley.
En ese sentido, el magistrado Carlos Ramos, quien fue el ponente durante el debate de admisión, exhortó al Gobierno para que «haga una contestación de la demanda pronta, diligente».
«Ahora ya se sabe que el Tribunal Constitucional va a tener un pronunciamiento de fondo», sostuvo antes de aclarar que no se afectará el proceso de elecciones legislativas convocadas para el próximo 26 de enero.
«El proceso electoral en marcha queda en pie, más allá de la respuesta del Tribunal Constitucional» indicó tras decir que, en su pronunciamiento, el TC «no buscará simplemente respuestas a la disolución del Congreso, sino a la organización democrática del país de aquí en adelante».
LO QUE PIDIÓ OLAECHEA
Olaechea presentó una demanda de cuatro puntos para que el TC se pronuncie sobre si Vizcarra cumplió con la Constitución al ordenar la disolución del Congreso y si el Ejecutivo puede presentar una cuestión de confianza sobre materias exclusivas del Legislativo.
Pidió, además, que se declare que una cuestión de confianza solo puede ser otorgada por el Congreso de forma expresa, mediante una votación del pleno, y «no de manera tácita o ‘fáctica'», y que esto se haga «respetando los procesos establecidos en el reglamento del Congreso, en función a sus prerrogativas de autorregulación».
El presidente de la Comisión Permanente señaló este martes en Twitter que «como presidente del Congreso de la República» aceptará «la decisión que se tome (en el TC)» ya que considera que hizo respetar su juramento de «hacer cumplir el texto constitucional».
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
El presidente Vizcarra consideró el 30 de septiembre que la cuestión de confianza planteada por el ex primer ministro Salvador del Solar había sido rechazada después de que el Congreso eligió a magistrados del TC a pesar de que el Ejecutivo había pedido que previamente se modifique ese proceso.
Posteriormente, el Ejecutivo cuestionó que Olaechea hubiera presentado su solicitud ante el TC como «presidente del Congreso» y no de la Comisión Permanente, con lo que desconocía la decisión del Ejecutivo de disolver el Parlamento.
En ese sentido, la procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó este 12 de octubre a la Fiscalía que abra una investigación contra Olaechea por una presunta usurpación de funciones, un delito que contempla hasta 7 años de cárcel.
Este martes, luego de conocerse la decisión del TC, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo que el Ejecutivo reitera su «respeto a las decisiones» del organismo y que estas «son clara muestra de que el Estado de derecho y la democracia están plenamente vigentes» en el país.
«Siempre nuestro actuar ha estado dentro del marco de la Constitución», agregó la PCM en un mensaje en Twitter.
LA OPINIÓN INTERNACIONAL
Tras el desconcierto inicial que generó la disolución del Congreso a nivel internacional, dadas las particularidades de las leyes peruanas, muchos países señalaron que cualquier contienda de competencia debía ser resuelta a nivel interno.
Esa posición fue reflejada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que señaló que la crisis debía ser solucionada por el pueblo peruano «en las urnas», mientras que el TC debía pronunciarse sobre «la legalidad y legitimidad» de la decisión.
Por su parte, la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, señaló, en una opinión no vinculante emitida el 14 de octubre, que la Constitución peruana «no establece ninguna limitación explícita con respecto a los problemas que puedan estar vinculados a una cuestión de confianza».
LO QUE DICE LA JUSTICIA PERUANA
A nivel interno, la Justicia peruana ha emitido tres resoluciones que han dado un respaldo implícito a la decisión de Vizcarra, al rechazar diferentes jueces sendos recursos para que la disolución del Congreso sea dejada sin efecto, presentados por los exlegisladores Maritza Espinoza, Salvador Heresi y Ángel Neyra.
En todos los casos, los magistrados afirmaron que la validez de la medida debía ser definida por el TC y recordaron que Vizcarra usó una potestad otorgada por la Constitución.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo consideró el pasado viernes que el TC debía aceptar la contienda de competencia por considerar que «no puede prescindir de su labor de resolver este conflicto», y debía valorar la importancia de su pronunciamiento para la institucionalidad del país. EFE
 de Perú aceptó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, pero rechazó una medida cautelar para que el Legislativo vuelva a ejercer sus funciones, con lo que dio por consumado el cierre del Parlamento.){kind=link}