El Consejo universitario se declaró en sesión permanente (Foto: Dayrí Blanco)

Las acciones por la defensa de las elecciones en la Universidad de Carabobo (UC) iniciaron. Este miércoles 15 de noviembre los representantes de la consultoría jurídica de la institución acudirán al Tribunal Supremo Justicia (TSJ) para apelar la suspensión del proceso comicial de las autoridades universitarias.

La rectora, Jessy Divo de Romero, dijo que no habrá un solo día que pase sin luchar por los derechos de la comunidad ucista y que tocarán la puerta que sea necesaria para recuperar el proceso electoral lo antes posible.

Así lo informó tras concluir la sesión extraordinaria del Consejo Universitario (CU) que fue convocado para este 14 de noviembre tras conocerse, la tarde del lunes, la suspensión de las elecciones pautadas para el 29 de noviembre, y una segunda vuelta, de ser necesaria, el 6 de diciembre.

La mañana del martes se recibió la notificación, vía telefónica, de la sentencia 123 de la Sala Electoral del TSJ que acordó una medida cautelar de amparo y suspensión de las elecciones de 18 cargos: rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, secretario, siete decanos y siete representantes al Consejo de Apelaciones.

Es por ello que una de las decisiones del CU fue que la Consultoría Jurídica iniciara las acciones pertinentes, mientras que las autoridades, conjuntamente con demás actores que participarán en esta contienda comicial, establecen el resto de estrategias a emprender.

Divo de Romero expresó que la mayoría de la población universitaria rechaza suspensión de las elecciones. “Somos una universidad en la que mediante el voto elegimos a nuestras autoridades, representantes profesorales, representantes estudiantiles, representantes gremiales, es decir, una universidad donde el ejercicio político del voto siempre se ha reivindicado”.

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Jessy Divo de Romero, rectora de la UC (Foto: Dayrí Blanco)

Sesión permanente

En el CU se acordó mantenerse en sesión permanente, por considerar que se trata de un asunto que amerita monitoreo constante, y se reconoció la labor de la Comisión Electoral Universitaria.

Para estos acuerdos, el representante del ministerio de Educación Superior ante el CU, Abraham Toro, salvó su voto, “lo hice porque la universidad no puede ser un estado dentro del estado, con su autonomía, que la reconocemos y el presidente Chávez la incorporó en la Constitución, pero que no puede ser malinterpretada, la universidad no puede estar de espaldas a una decisión del TSJ”.

Toro dijo que hay dos sentencias, una del 2009 y otra del 2019, que ordena el proceso electoral bajo algunos parámetros partiendo de la democracia, la inclusión y el respeto de toda la normativa. Reiteró que el gremio de empleados administrativos tiene todo el derecho de sentirse vulnerado por los porcentajes de participación que les dio la universidad.

“Hasta este momento el TSJ no se ha pronunciado respecto a las elecciones de la UCV donde hubo un acuerdo, pero no podría decir que ese caso está cerrado… felizmente en la UC nos e avanzó a la elección de las autoridades porque están en absoluto desacato, las elecciones de la UCV se hicieron en desacato de una decisión del TSJ del 2019 que ordenó que debían ser paritarias”.

Adicionalmente, la propuesta del vicerrector académico, Ulises Rojas, quien pidió un voto público de censura a los dirigentes gremiales, Pedro Ulacio y Hernán Barrios, quienes introdujeron la demanda de nulidad, por ser “artífices de actuaciones que afectan nuestra autonomía y el derecho a elegir de la comunidad ucista” no fue aprobado, y solo contó con el voto del profesor Rojas.

La rectora dijo que el CU fue convocado como único punto a tratar la suspensión del proceso electoral, por lo que no competía el pronunciamiento en relación a un voto de censura contra de, “quienes, en ejercicio de sus funciones gremiales, aunque no estemos de acuerdo con su accionar, ejercieron su derecho a defender el voto paritario”.

Recordó que el 14 de agosto de este fue interpuesta la acción ante el TSJ, pero los tribunales comenzaron sus vacaciones al día siguiente y no fue sino hasta un mes después que se enteraron.

“Los convoqué en mi despacho (a Ulacio y Barrios) en mi condición de rectora para exhortarlos a desistir y que entendieran el daño que le hacemos a la institución al impedir un proceso que lleva 11 años de letargo, esperando renovar sus autoridades… nosotros defendemos el artículo 109 de la Constitución en concordancia con la Ley de Universidad, para nosotros el voto paritario no es la opción”.

Una acción política

Más allá de que la candidatura como rector del vicerrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira, no haya sido admitida por procedimientos de la Contraloría, rechazó de manera contundente la suspensión de las elecciones por considerar que “obviamente, tiene todo un proceso político por detrás, porque sabemos que, en el caso particular de nuestro país, hay una influencia marcada del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y eso aparentemente está pasando en este momento”.

Para él, no tiene sentido esa sentencia que se aplica en contra de la máxima casa de estudios carabobeña, tomando en consideración que en la Universidad Central de Venezuela (UCV) se realizaron las elecciones, en junio de este año, con un estatuto muy similar al de la UC, que no contemplaba el uno por uno respecto al voto del personal no profesoral.

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José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la UC (Foto: Dayrí Blanco)

Todo esto significa para Ferreira “un auténtico disparate”, ya que las autoridades electas en la UCV están en pleno ejercicio de sus cargaos. “Si lo nuestro no vale, entonces ¿qué va a pasar con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela’”.

El vicerrector administrativo de la UC resaltó que este tipo de acciones que implican atentados a la autonomía universitaria, se enfrentan con democracia y soberanía. Por lo que argumentó que, si el reglamento se suspendió, entra en vigencia el anterior que es del año 1999, que consagra la participación directa de los estudiantes, “que significa una evolución para las universidades en el país en este momento vigente”.

A esto se suma que se pueden realizar las elecciones de las representaciones profesionales ante Consejo de Escuela, Consejo de Facultad y Consejo Universitario, que son de co-gobierno y no tienen que ver ni con estudiantes, ni con empleados, ni con obreros.

“Podemos hacer entonces un llamado a la Comisión Electoral y al mismo Consejo Unitario para que hagamos convocatorias de otras elecciones que son necesarias, y no perder el espíritu que teníamos en el día de hoy que se iba a arrancar la campaña electoral con las propuestas, que no llegamos ni a ver, porque obviamente no nos dejaron”.

Estudiantes en contra

Durante la mañana de este martes, un nutrido grupo de estudiantes de la UC se presentó en la sede del rectorado para manifestar su rechazo a la decisión del TSJ.

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Estudiantes de la UC se concentraron en el rectorado para rechazar la suspensión de las elecciones (Foto: Dayrí Blanco)

El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) e integrante de la Comisión Electoral, Marlon Díaz, dijo que se trata de la continuación de una política del gobierno nacional desde hace años, en los que no ha permitido que las universidades autónomas realicen con normalidad sus procesos electorales.

“Tenemos que remontarnos hasta hace aproximadamente 14 años, cuando en el 2010 la Ley Orgánica de Universidades fue promulgada y pretende pasar por encima de la Constitución previendo la participación de sectores como lo son los administrativos y los obreros. Luego, la Universidad Central de Venezuela, en el año 2023, realiza unas elecciones incluyendo parámetros de la Ley de Universidades, pero también incluyendo a estos sectores, con una representación del 10%. También tenemos que remontarnos al año 2020, cuando el Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia 03-24, previendo lo que es el voto uno a uno, que más allá de lo que se piensa que todos los sectores valgan igual, o que cada voto vale igual, significa que cada sector representa un voto nominal, contraviniendo lo que es la Ley de Universidades y la Constitución”.

Reiteró que el Consejo Universitario de la UC, a proposición de la Comisión Electoral Universitaria, promulgó un Estatuto Electoral Transitorio, que es una copia fiel y exacta de lo que fue el de la UCV, donde se realizaron las elecciones en junio.

“Pero en la UC, apenas a 15 días de realizarse el proceso, el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo respuesta a una solicitud de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, suspende el proceso donde hay prácticamente un consenso generalizado de la comunidad de realizar este proceso electoral. Donde ya había candidaturas inscritas, donde comenzaba el día de hoy la campaña electoral, se le quita, se le arrebata de las manos a la comunidad poder realizar el proceso de elecciones”.

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Marlon Díaz, presidente de la FCU (Foto: Dayrí Blanco)

Hizo un llamado al respeto de la autonomía universitaria de parte del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley de Universidades que sigue vigente, y el artículo 109 de la Constitución que consagra la autonomía universitaria.

La contraparte

Pedro Ulacio, presidente de la Asociación de Empleados de la UC, quien fue uno de los que introdujo la medida de amparo, dijo en el programa “En Conexión” de Max 92.9FM, que solicitan a la Comisión Electoral hacer modificaciones en el estatuto.

“Vamos a trabajar en un instructivo donde tengamos igualdad de derechos y así, tengan por seguro, que nosotros vamos a ser los primeros en llevar la bandera y apoyar a los diferentes candidatos”.

Insistió en que su petición es la igualdad de derechos para los trabajadores administrativos y los jubilados.

“Si el más humilde indígena en este país puede votar por un presidente de la república, cómo es que los miembros de la comunidad universitaria no pueden votar por igualdad de condiciones a un candidato rector o autoridades”.




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