Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
Nada ha cambiado en el negocio de Jorgelina Peñaloza desde que funcionarios del Gobierno la visitaron. Fue el miércoles 22 de marzo cuando llegaron a su panadería y ella sin problema les explicó a los uniformados de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y de la Milicia, que los hornos tenían más de dos semanas apagados porque su inventario de harina se había agotado. La comisión no pudo hacer más nada que prometer, pero no ha cumplido. Las vitrinas de esa y de 80% de las panaderías de Carabobo siguen vacías.
Desde el Ejecutivo, con el control de las divisas y de las importaciones, solo se ha adquirido 25,83% del trigo que se necesita para la producción continua en los más de 10 mil establecimientos del sector, con la compra de apenas 75 mil toneladas métricas (TM) desde enero, de las 360 mil TM requeridas a razón de 120 mil al mes.
A Puerto Cabello han arribado dos buques: El Cielo Di Tocopilla que llegó el 24 de febrero al muelle 29 con 30 mil TM, y el Lowlands Nopal, recibido el 11 de marzo en el muelle 30 con otras 30 mil TM. En La Guaira se encuentra el barco UBC Savannah desde el 15 de marzo, y aún está en labores de descarga de las 15 mil TM transportó hasta Venezuela.
La insuficiencia no solo queda clara en esos números. José Dichy, director de relaciones interinstitucionales de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Panificación y Similares del Estado Carabobo, aseguró que la cifra de desabastecimiento de la materia prima principal del gremio se mantiene pese a las acciones emprendidas por el Gobierno para acabar con lo que llamó “la guerra del pan”.
Los despachos de harina son intermitentes. Entre 20 o 30 sacos entrega Cargill a algunos negocios. El resto de los molinos como Monaca tienen el suministro detenido. “Eso alcanza para cinco o seis días como máximo, aplicando las restricciones exigidas que sacaron los cachitos, golfeados y otras variedades de la planificación”.
Hasta ahora alrededor de 150 establecimientos han sido inspeccionados en la región desde el 21 de marzo cuando el operativo llegó a Carabobo. En todos los casos se impuso la cartelización, que es una práctica ilegal dirigida a restringir o eliminar la libre competencia. “Eso es lo que están haciendo con nosotros al ordenar vender el pan a precios discrecionales sin respetar la estructura de costos de cada comercio y eso viola la Ley de Precios Justos”.
Más de 10 mil empleos en la entidad están en riesgo. Los 25 trabajadores de Jorgelina Peñaloza integran esa lista. El negocio es insostenible con golosinas y refrescos. No está concebido para funcionar de esa manera. “Esta es una guerra en la que nosotros estamos del lado perdedor”.
