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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó este martes de que ha condenado al Estado hondureño por falta de investigación diligente del asesinato del candidato a diputado Ángel Pacheco León, ocurrido en 2001.

La CorteIDH hizo pública hoy la sentencia en la que detalla que el Estado “no realizó una investigación diligente que permita, en un plazo razonable, avanzar en la determinación de los hechos y responsabilidades” y aseguró que el accionar estatal fue “negligente”.

El fallo indica que “luego de cerca de 16 años el homicidio permanece en la impunidad” y que por ello se determinó que Honduras “violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de 19 familiares del señor Ángel Pacheco León”.

Los jueces también concluyeron que el modo en que se condujo la investigación “afectó la integridad personal de la madre del señor Pacheco León, así como de la compañera de él, uno de sus hijos, un hermano y una hermana”.

El homicidio del candidato a diputado del Partido Nacional ocurrió cerca de la medianoche del 23 de noviembre de 2001 cuando Pacheco León estaba ingresando a su domicilio junto a su hijo Jimy, y un hombre le disparó varias veces.

Las elecciones se realizaron dos días después y Pacheco León obtuvo los votos necesarios para ser elegido diputado por el Departamento del Valle, cargo que ejerció su hermano José Pacheco.

Según la CorteIDH, el 24 de noviembre de 2001 tres personas fueron detenidas como sospechosas de haber cometido el homicidio y prestaron declaración, pero posteriormente fueron desvinculadas del proceso.

En el proceso también se señaló que un policía preventivo podría haber sido el autor material del homicidio, pero “al momento de emitir esta sentencia, la investigación no ha concluido y ha habido prolongados períodos de inactividad”, explicó la CorteIDH.

Los jueces interamericanos ordenaron al Estado cumplir con medidas de reparación como continuar la investigación, investigar las causas del retraso procesal y de ser pertinente a los funcionarios involucrados.

Otra orden de los jueces es pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a los familiares de la víctima, así como los gastos del proceso.

Las sentencias de la CorteIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros




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