Después de 10 años de haberse comenzado a gestar, un polémico proyecto para una refinería de petróleo conjunta entre Costa Rica y China parece estar definitivamente descartado con una resolución de un tribunal arbitral internacional que resolvió una disputa entre las partes.

Con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China en 2007, la refinería conjunta se erigió en 2009 como el proyecto bilateral más ambicioso, con una inversión requerida de unos 1.300 millones de dólares.

Los sectores ambientalistas se opusieron desde un principio a esta iniciativa en un país reconocido internacionalmente por sus políticas ambientales y en donde está vetada la exploración y explotación petrolera.

UNA CUESTIONADA EMPRESA CONJUNTA

El proyecto involucraba a la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), monopolio estatal de importación de combustibles y a la China National Petroleum Corporation International (CNPCI), que conformaron una empresa conjunta llamada Soresco.

Esa firma conjunta, en la que cada parte invirtió 50 millones de dólares, se encargaría desarrollar el proyecto, pero con el pasar de los años entró en una gran polémica entre las partes.

En la actualidad, la Fiscalía investiga si los directivos de esa empresa conjunta incurrieron en delitos de desvío de fondos públicos.

El proyecto fue paralizado desde 2013 por orden de la Contraloría General de la República, pero Soresco siguió operando y pagando a las 8 personas que la integraban.

LA PUGNA ENTRE RECOPE Y CNPCI

Como parte del proceso previa a la construcción de la refinería, en el 2013 la Contraloría General de la República revisó los estudios financieros y de viabilidad del proyecto y encontró una serie de irregularidades en los cálculos económicos.

La Contraloría también halló un incumplimiento del contrato bilateral, ya que la empresa china Hqcec, que realizó el estudio, tiene una relación con la petrolera china.

La Contraloría declaró inválidos los estudios previos del proyecto y ahí comenzó la polémica entre las partes.

En los años siguientes, los Gobiernos de ambos países llevaron a cabo reuniones para intentar reactivar la iniciativa e incluirle modificaciones, sin tener éxito.

Recope también le planteó a la parte china llevar a cabo un nuevo estudio de factibidilidad, pero tampoco fue aceptado.

Con el inicio del Gobierno de Luis Guillermo Solís en 2014, Costa Rica intentó negociar con la empresa china para hacer cambios sustanciales a la iniciativa e incluso transformarla para invertir en el desarrollo de energías limpias.

Sin embargo, nunca hubo un acuerdo y en 2016 Costa Rica decidió separarse de la empresa conjunta, sin embargo en 2017 la empresa china acudió al Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Londres, con el objetivo de mantener en pie el proyecto.

El 28 de octubre de 2019 el tribunal notificó a las partes su resolución en la que da por terminado el Acuerdo de Empresa Conjunta entre las partes, no fija indemnización alguna y ordena a las mismas a pagar en fracciones iguales los gastos del proceso.

El presidente de la estatal costarricense, Alejandro Muñoz, expresó que “este laudo reviste especial importancia para Recope y el país, al dar por finalizado un diferendo comercial, lo cual indirectamente beneficiará las relaciones bilaterales entre Costa Rica y la República Popular China”.

LA MILLONARIA REFINERÍA QUESE QUEDÓ EN PAPEL

El proyecto consistía en la reconstrucción y ampliación de una vieja refinería ubicada en Moín, provincia de Limón (Caribe), propiedad de Recope.

El objetivo era ampliar la capacidad de refinamiento de los 25.000 barriles diarios actuales a 60.000.

El 70 % del costo del proyecto sería aportado por un crédito del China Development Bank (CDB) y el restante 30 % estaría a cargo, en partes iguales, de Recope y CNPCI.

La refinería, un proyecto que comenzó en el 2009 en el Gobierno del exmandatario costarricense, Óscar Arias, enfrentaba el rechazo de sectores ambientalistas, académicos y políticos, que han señalado que contaminará el ambiente y no provocará reducciones en los precios de los combustibles para los usuarios. EFE

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