En otras palabras, según publicó Efecto Cocuyo la sala considera apropiado que las víctimas participen en el procedimiento de apelación que inició el gobierno de Nicolás Maduro para intentar frenar la continuación de la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Según la Sala, el pasado 3 de agosto de 2023 la Secretaría transmitió una solicitud de un grupo de 436 víctimas que pedía presentar sus opiniones y observaciones en relación con la apelación de Venezuela.
El gobierno de Maduro alega que el examen preliminar jamás se realizó conforme a los parámetros del derecho internacional y del Estatuto de Roma y denuncia que se impidió a Venezuela (gobierno) ejercer su derecho a la defensa.
Pero la CPI recibió más de 8 mil testimonios de personas que afirman ser víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Expertos consultados por Efecto Cocuyo aseguraron que la apelación no tendrá efecto suspensivo y que el fiscal Khan está facultado para solicitar órdenes de comparecencia a personas que desee interrogar, recibir a víctimas, o pedir órdenes de arresto.
No obstante, para que estas órdenes de comparecencia o de detención se materialicen se requiere la cooperación de los Estados signatarios del Estatuto de Roma. Sin esto, la Corte está atada de manos porque no cuenta con un órgano policial.
La sala de Apelaciones presentará un informe con sus alegaciones a más tardes el martes 17 de octubre de 2023.
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