¿Qué tanto podría avanzar la investigación de la CPI sobre Venezuela este 2022?
Fiscal de la CPI, Karim Khan, en Miraflores. (Foto: Cortesía)

Aunque han transcurrido casi tres meses desde que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el inicio de la investigación sobre la denominada Situación Venezuela I, que enmarca presuntos crímenes de lesa humanidad, actualmente el proceso sigue en una etapa incipiente: materialmente las investigaciones no han iniciado en el país

La oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, todavía no está recabando evidencias en el terreno. Tampoco ha iniciado acercamientos con potenciales testigos o víctimas, aun cuando tiene completa potestad para hacerlo. Esto se debe a que en la etapa inicial, apegada al principio de complementariedad, la Fiscalía evalúa la capacidad y voluntad del Estado para conducir averiguaciones legítimas contra los presuntos responsables de los crímenes.

Se trata de un proceso que en el mejor escenario podría durar meses y, en el peor, hasta más de una década. Así lo explicó en entrevista con El Carabobeño el abogado Carlos Briceño, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela), con una especialización en Justicia Penal Internacional de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona, España). 

“La investigación ha avanzado, si por avanzar se entiende que estamos en una nueva etapa de análisis del sistema de justicia venezolano y su capacidad de respuesta”, afirmó el también director de la ONG Defiende Venezuela. “Pero, si por avance nos referimos a que vamos a ver a algún funcionario del Estado enjuiciado en los próximos meses, ese no es el caso. Estamos lejos de eso”. 

Según Briceño, la propensión de la Fiscalía siempre estará orientada hacia no involucrarse de manera directa, a menos que sea necesario, tal como lo establece el principio de complementariedad, piedra angular del Estatuto de Roma. Ante ese panorama, la meta del fiscal es que el Estado cumpla con su deber de administrar justicia, a través de su propia jurisdicción, por los crímenes cometidos en su territorio. 

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«El Estado está consciente de cómo funcionan los procedimientos ante la corte y trata de hacer valer todas las armas jurídicas que posee en esta etapa. Quiere mostrar que puede asumir toda la investigación«, dijo Briceño. (Foto: EFE)

Solo cuando el Estado demuestra una incapacidad o falta de voluntad clara en la administración de justicia, la CPI decidirá avanzar hacia una segunda fase en la investigación, en un sentido penal más convencional, que implica la búsqueda de pruebas, individualización de responsabilidades y solicitud de órdenes de arresto, agregó el jurista. 

“Hay que ser muy responsables y no venderle a la gente que aquí va haber condenas o detenciones a corto plazo”, insistió el especialista. “Incluso si la corte emite las órdenes de arresto, es difícil que se ejecuten, ya que depende de los organismos policiales de los Estados miembro para ejecutarlas e históricamente la corte ha gozado de poca cooperación por parte de los Estados”. 

El espejo de Colombia

Antes de visitar Caracas en noviembre del año pasado, el fiscal Khan viajó a Colombia. Allí cerró un Examen Preliminar (EP) que se extendió por 17 años y firmó junto al presidente Iván Duque un acuerdo en el que el Estado colombiano asumió compromisos de juzgar los crímenes y hacer las reformas pertinentes. No avanzó hacia la fase de investigación. 

En su visita a la capital venezolana, el titular de la Fiscalía de la CPI también cerró el EP de la Situación Venezuela I, que duró menos que el promedio de cuatro años, y suscribió un memorándum de entendimiento junto a Nicolás Maduro, muy parecido al de Colombia. Aquí sí dio un paso más, y anunció la investigación. 

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Memorándum de entendimiento firmado por Khan y Maduro. (Foto: CPI)

“Esto ha llevado a los académicos a considerar que el fiscal tiene una propensión a la idea de complementariedad positiva”, manifestó Briceño. “Khan probablemente buscará estimular a los propios Estados, para que sean ellos los que juzguen los crímenes, en lugar de hacer que la corte los asuma directamente, debido a sus limitadas capacidades”. 

La complementariedad positiva puede definirse como la cooperación que ofrecerá la Fiscalía al Estado involucrado, para que aplique su propia jurisdicción, con el objetivo de que los responsables de los crímenes sean investigados y juzgados, en el caso de Venezuela, bajo el sistema de justicia venezolano. Esta ayuda de la CPI tiene distintas variaciones y puede traducirse, por ejemplo, en la revisión del marco legislativo del país. 

¿Indulgencia hacia el Estado venezolano?

El pasado 16 de enero el gobierno de Maduro debía entregarle a la Fiscalía un informe con evidencia de que está investigando o ha investigado los presuntos crímenes de lesa humanidad señalados en el EP. Esto no ocurrió y recientemente se conoció mediante una notificación que Khan le concedió al Estado una prórroga para entregar el documento el 16 de abril. 

La oficina de Khan justificó la decisión debido a “intentos fallidos” de reunirse en persona con las autoridades venezolanas, “el receso del Tribunal interviniente” y “desafíos” provocados por la pandemia de COVID-19. 

Sin embargo, expuso Briceño, la extensión del plazo por tres meses para entregar el informe es discrecional, excesivamente flexible y no se ajusta a la norma de la CPI, ya que el artículo 18 del Estatuto de Roma establece que debe entregarse un mes después de haberse notificado el inicio de la investigación, es decir, un mes después del 3 de noviembre de 2021. 

“La sociedad civil y las potenciales víctimas disienten de la extensión del plazo porque, ante sus ojos, el fiscal Khan está siendo indulgente con el Estado”, sostuvo el abogado. La Sala de Cuestiones Preliminares de la corte, que fue notificada, podría negar la prórroga que emitió la Fiscalía, por tratarse de un lapso adicional contrario al estatuto. 

Avances insuficientes 

A juicio del vocero de Defiende Venezuela, los pasos que ha dado el madurismo están centrados en dilatar cada vez más el avance de la investigación y también en probar cuál es el mínimo necesario que debe hacer como Estado en cuanto a enjuiciamientos y reformas judiciales para lograr el cierre de Venezuela I. 

Aunque algunas de las condenas que se han producido en los últimos meses han sido sustanciales, como la de los 23 años de prisión dictada contra el sargento que en 2017 asesinó a David Vallenilla durante una protesta, no comprometen a quienes  estuvieron en la posición de dar órdenes para la ejecución de esos crímenes, ni a los que estando en el deber legal de impedirlos, dejaron que ocurrieran. 

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El militar le disparó a quemarropa a Vallenilla durante una manifestación en Caracas. (Foto: EFE)

“Lo que ha hecho el Estado venezolano de manera muy inteligente es abrir investigaciones y producir condenas contra ejecutores materiales de los crímenes”, manifestó. “Pero ha demostrado muy poca iniciativa para señalar a los responsables que están en un nivel jerárquico superior al de los autores materiales, dentro de las cadenas de mando ya identificadas por la Fiscalía”.

Para que las acciones que lleva adelante el gobierno satisfagan los requerimientos del fiscal, deben estar “destinados a investigar, enjuiciar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes cometidos y no solo a aquellos que los ejecutaron”, resaltó el especialista.

En la CPI ya hay precedentes de estrategias similares a la del madurismo. Ocurrió con Kenia, país que solicitó que su investigación fuese cerrada en función del principio de complementariedad, porque supuestamente ya se estaba investigando a los responsables dentro de su jurisdicción. Sin embargo, en esa ocasión la Sala de Cuestiones Preliminares estableció que no bastaba con que se investigue a cualquier sujeto, sino también a los que tienen la mayor responsabilidad. 

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¿Qué viene después del 16 de abril?

Al llegar la fecha límite de la controversial extensión, el gobierno de Venezuela deberá entregar al fiscal Khan el informe pospuesto en enero. Por su parte, la Fiscalía se encargaría de evaluar y cotejar los datos suministrados para determinar si el Estado está cumpliendo con sus requerimientos

“No es que la Fiscalía va a leer el informe y de una vez decidirá, para luego pedir órdenes de arresto. No funciona así”, puntualizó el abogado. “Habrá una dialéctica Fiscalía-Estado: Khan emitirá un informe propio con recomendaciones a Venezuela para que optimice las reformas judiciales y el Estado deberá implementarlas en la medida en que esté dispuesto y sea capaz de hacerlo”. 

A través de este primer informe, la oficina del fiscal podrá revisar quiénes son los funcionarios que están siendo juzgados por el Estado venezolano. Además, evaluará si hay otros sujetos que no están siendo investigados o enjuiciados, si han sido ilegítimamente absueltos, si las condenas no son representativas, entre otros elementos, para luego de allí individualizar los casos potenciales que podría presentar ante la corte

Pero, de acuerdo a Briceño, lo más probable es que la oficina de Khan determine que Venezuela está cumpliendo en cierta medida con sus requerimientos y se desarrolle un panorama similar al de Colombia, donde la investigación pasó a ser de largo plazo, con visitas anuales para evaluar los avances en materia judicial y de respuesta a las víctimas. “Probablemente tengamos una o dos visitas del fiscal este año en Venezuela”. 

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Sede de la CPI, en La Haya, Países Bajos. (Foto: Archivo)

Sociedad civil y sus expectativas 

Hacer un manejo adecuado de las expectativas, determinar en qué condiciones se encuentra el sistema de justicia venezolano, y cuál es la capacidad y disposición de sus autoridades para realizar investigaciones y enjuiciamientos legítimos que se traduzcan en condenas proporcionales a la magnitud y gravedad de los crímenes presuntamente cometidos. 

Ese es el foco bajo el cual debería trabajar la sociedad civil, el sector político, los abogados y las organizaciones no gubernamentales que están representando víctimas, según Briceño. “No hay que precipitarse y salir a pedir órdenes de arresto, porque sencillamente así no funciona (…) no se le puede decir a la gente que la corte tendrá a los altos funcionarios tras las rejas a finales de año”. 

La limitada capacidad de funcionamiento que tiene la CPI es otra dura dosis de realidad: por cada investigación, son muy pocas las órdenes de arresto e incluso de comparecencia que puede emitir. “Si acaso, dictará una, dos o hasta tres órdenes”. Pero no podría juzgar al 100 % de los responsables de los crímenes de la situación de Venezuela, ni de ninguna otra del mundo. 

CPI

Hasta el momento, consideró, el proceso de Venezuela ante la corte ha servido para estimular el sistema de justicia venezolano, el cual probablemente hubiese mantenido la impunidad en todos los casos de 2017 si la Fiscalía, antes de Bensouda y ahora de Khan, no hubiese iniciado el EP y su posterior investigación

“Hoy hay autores de crímenes de lesa humanidad que estaban impunes, ya condenados, con condenas altas, proporcionales a los crímenes que cometieron. Eso es una victoria parcial para la sociedad venezolana”, dijo el representante de Defiende Venezuela

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A diferencia de otros tribunales internacionales, la CPI es de carácter penal, lo que implica que investiga y juzga sobre la responsabilidad de personas concretas, no de un Estado o una entidad abstracta. (Foto: Archivo)

¿Podrá incluirse el crimen de asesinato? 

Cuando la Fiscalía escaló de la fase dos (evaluación) a la tres (criterios de admisibilidad) en el EP de la Situación Venezuela I, solo consideró cuatro delitos de lesa humanidad: persecución por motivos políticos, tortura, violación y encarcelamiento, los cuales presuntamente se habían cometido en el marco de las protestas antigubernamentales contra Maduro, al menos desde abril de 2017. 

El crimen de asesinato quedó por fuera, probablemente por falta de evidencias o información fiable, ya que en esa fase la Fiscalía se basa únicamente en la información que recibe de terceros, recordó Briceño. Durante el EP no hay actividad indagatoria directa, por lo que se le dificulta a la Fiscalía la verificación de los datos. 

Sin embargo, los parámetros del EP no son vinculantes en la etapa de investigación. Por esta razón la Fiscalía podría, como además ya ha hecho en el pasado respecto a otras situaciones, decidir abarcar otros crímenes, contextos e incluso ampliar el margen temporal de evaluación para atender crímenes de su competencia que hayan sido cometidos antes de abril de 2017. 

“Es perfectamente posible que cuando ya se esté realizando la investigación penal, en el terreno, la Fiscalía pueda preparar cargos con ese crímen (el de asesinato)”, añadió el jurista. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en 2017 realizó diversas investigaciones sobre la muerte de manifestantes durante las protestas y determinó que en efecto se cometió el crimen de asesinato

Briceño es optimista en cuanto a la posibilidad de incorporar el asesinato a la Situación Venezuela I: “La evidencia está allí. Hay casos muy bien documentados. Yo me atrevería a pensar que es muy posible su inclusión dentro de la investigación, cuando la Fiscalía tenga contacto directo con los casos”. Aunque para eso todavía queda un largo camino por recorrer. 

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Padres de Juan Pablo Pernalete, cuyo caso es uno de los más emblemáticos entre los asesinatos de 2017. (Foto: Archivo)

Situación Venezuela II

El 13 de febrero de 2021 el Estado venezolano realizó una remisión ante la CPI sobre supuestos crímenes de lesa humanidad que presuntamente se habían cometido en su territorio como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios gubernamentales y empresas estatales de Venezuela. 

La remisión hecha por el gobierno fue denominada Situación Venezuela II, la cual hasta la fecha no ha logrado avanzar a la segunda fase del EP, es decir, la Fiscalía ni siquiera ha decidido si hay o no fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país a causa de las sanciones. Esto la sitúa todavía en la primera etapa, a diferencia de la Situación Venezuela I. 

Para Briceño, el nulo avance de Venezuela II solo demuestra que esa remisión no ha sido prioridad para la Fiscalía de la CPI ni para el propio gobierno. “Fue más bien una suerte de movida del Estado venezolano para contrarrestar la Situación Venezuela I y el impacto que estaba teniendo a nivel internacional (…) fue una respuesta política, canalizada jurídicamente a través de la corte”. 

Tal como lo evidencia su accionar reciente frente a la corte, el oficialismo ha enfocado todos sus esfuerzos en resolver los asuntos planteados en Venezuela I, dejando a un lado la situación remitida por ellos en febrero de 2020 porque “saben que la Fiscalía no está interesada en esa situación y que el foco sigue siendo Venezuela I”. 

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Khan y Maduro el 3 de noviembre de 2021, cuando en Caracas el fiscal dio por terminado el Examen Preliminar y anunció el inicio de la investigación. (Foto: Archivo)

La carrera de Venezuela hacia la justicia de la CPI es de resistencia. Aunque ha sido un proceso lento, los hechos indican que también ha sido histórico desde el inicio, ya que ha marcado algunos hitos: 

Tuvo doble remisión: De oficio, por parte de la Fiscalía, y la del grupo de Estados miembro.

-El Examen Preliminar duró tres años y nueve meses. Eso quiere decir que se extendió durante un tiempo menor al promedio, que es de cuatro años.

-Venezuela es el primer país latinoamericano bajo investigación de la CPI tras cerrar el EP.




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