El fiscal general de Colombia, Nestor Humberto Martínez. (Cortesía)

El fiscal general de Colombia avaló este martes que la Corte Suprema de Justicia nombre un investigador especial para indagar el escándalo de sobornos de Odebrecht, en el que está comprometido.

“El fiscal les ha manifestado la profunda convicción que desde el día uno tiene el fiscal, que en los casos de impedimento lo más conveniente será siempre un fiscal ad hoc”, dijo a la prensa Néstor Humberto Martínez.

El jefe del ente acusador hizo esa declaración tras reunirse con el presidente y el vicepresidente del máximo tribunal de justicia, que evalúa nombrar un indagador especial en este caso en el que Martínez se declaró impedido hace año y medio.

El fiscal ha sido el centro de atención las últimas semanas por revelaciones periodísticas de la trama de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia.

Las publicaciones sugieren que él sabía de irregularidades de la constructora cuando era abogado de Corficolombiana, socio de Odebrecht en el país, y que no denunció.

El fiscal, cuya renuncia ha sido pedida por diversos sectores políticos, aseguró que es víctima de una suerte de venganza por la “lucha” que ha emprendido contra la corrupción. “Eso no exactamente genera amigos”, sostuvo.

Y descartó renunciar por, según dijo, contar con el apoyo de “muchas voces”.

Martínez dio un paso al costado en abril de 2017 de las investigaciones sobre la telaraña de coimas que ejecutó la compañía para adjudicarse contratos de obras públicas.

Las indagaciones quedaron a cargo de la vicefiscal, María Paulina Riveros, quien este martes reiteró su pedido a la corte para que examine la designación de un fiscal especial, debido a su cercanía con Martínez.

El presidente Iván Duque apoyó el lunes la propuesta de un investigador especial que llegue “hasta el fondo” de la trama de corrupción, tras los señalamientos contra el jefe del organismo.

La multinacional reconoció ante la justicia estadounidense haber seguido estas prácticas en 12 países, incluido Colombia, donde se habrían pagado coimas por 32,5 millones de dólares.

Hasta el momento seis personas han sido condenadas en Colombia por este escándalo.

El caso tomó un giro dramático en el país, tras la muerte el 8 de noviembre de Jorge Enrique Pizano, el auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para la construcción de la vía que comunicaría el centro con el norte del país.

Tres días después su hijo falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Ambas muertes están bajo investigación.

Pizano dejó grabada una entrevista en la que asegura que el entonces abogado y hoy fiscal general supo de las irregularidades del consorcio y no lo denunció.

En ese entonces Pizano tenía una relación personal y profesional con Martínez, quien trabajaba como abogado del influyente banquero Luis Carlos Sarmiento, dueño de Corficolombiana. AFP




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