La reciente firma del decreto de estado de conmoción exterior por parte de Nicolás Maduro ha generado incertidumbre y exigencias públicas para que su contenido sea difundido oficialmente. La ONG Acceso a la Justicia alertó este lunes 29 de septiembre que, aunque la medida ya está en vigor desde el momento de su aprobación en Consejo de Ministros, todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, lo que mantiene a la población sin claridad sobre sus alcances.
El anuncio fue realizado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez durante un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas. Allí confirmó que el mandatario suscribió el decreto el pasado 28 de septiembre, invocando el artículo 338 de la Constitución, que regula los estados de excepción, incluyendo la conmoción exterior.
Según el artículo 22 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, estos decretos adquieren rango y fuerza de ley de forma inmediata, pero deben difundirse “en el más breve plazo” en la Gaceta Oficial y por los medios de comunicación social. Acceso a la Justicia recordó que esta difusión no es un mero trámite: la falta de información sobre la conmoción deja a los ciudadanos en un limbo jurídico respecto a posibles restricciones de derechos.
Alcances inciertos del decreto de conmoción exterior
La ONG subrayó que un estado de conmoción exterior permite al Ejecutivo limitar ciertas garantías constitucionales para enfrentar amenazas externas, razón por la cual su publicación es indispensable. Hasta ahora, los venezolanos desconocen con exactitud cuáles serán las restricciones y medidas que aplicará el gobierno bajo esta figura excepcional.
Delcy Rodríguez sostuvo que el objetivo del decreto es dotar a Maduro de “poderes especiales” frente a lo que califican como maniobras militares hostiles de Estados Unidos en el Caribe. El chavismo considera que los despliegues estadounidenses buscan un “cambio de régimen” en Venezuela, no combatir el narcotráfico como afirma la Casa Blanca. En paralelo, medios estadounidenses reportaron que la administración de Donald Trump evalúa operaciones contra grupos del narcotráfico en territorio venezolano, aumentando el clima de conmoción.
Pese a que el decreto ya tiene validez legal, el gobierno no ha ofrecido detalles públicos sobre las limitaciones concretas que implicará. Acceso a la Justicia insistió en que esta opacidad afecta el derecho de la población a conocer las normas que regulan su vida cotidiana, especialmente en contextos de conmoción nacional o exterior.
Maduro menciona una consulta, pero persisten las dudas
En su programa semanal, Maduro afirmó que ha comenzado un “proceso de consulta” en torno al decreto de conmoción exterior, aunque no especificó con qué sectores se está llevando a cabo ni qué mecanismos se emplean. “Arrancó el proceso de consulta para proteger nuestra paz y estabilidad”, dijo, sin ofrecer mayores precisiones.
Durante el encuentro con diplomáticos, Rodríguez advirtió que el gobierno actuará contra cualquier persona o grupo que respalde acciones militares extranjeras. “La Constitución es clara: nadie podrá promover ni justificar agresiones externas contra el país. Quien lo haga será juzgado con todas las garantías de la ley”, señaló, en un discurso que refleja el ambiente de conmoción política y diplomática que atraviesa Venezuela.
#AlertaLegal A través de redes sociales se conoció que el #28sep el Presidente de la República suscribió el Decreto de Estado de Conmoción Exterior, previsto en el artículo 338 de la Constitución.
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) September 29, 2025
Ante ese escenario es importante recordar que el artículo 22 de la Ley Orgánica de… pic.twitter.com/kwItMj388W
Este escenario se suma a una tendencia prolongada: el periodista Eugenio Martínez recordó que Maduro ha gobernado con poderes extraordinarios desde 2015, alternando estados de excepción, emergencia económica y alarmas sanitarias, incluso antes de este nuevo decreto de conmoción exterior.
Derechos que no pueden suspenderse en medio de la conmoción
Aunque un estado de conmoción exterior permite restringir varias libertades, la Constitución venezolana establece un núcleo de derechos intangibles que deben respetarse en todo momento. Entre ellos están el derecho a la vida, la prohibición de tortura o incomunicación, el debido proceso, el acceso a la información y demás derechos humanos fundamentales.
La ONG Acceso a la Justicia advirtió que, sin la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, la ciudadanía no puede verificar si se respetan estos límites legales. Recalcó que la transparencia es esencial en periodos de conmoción, pues evita abusos y garantiza que la población sepa a qué atenerse frente a las decisiones gubernamentales.
