Defensoría del Pueblo afirma que hay avances en DD.HH. de adultos mayores
/ Foto: Cortesía (Alba Ciudad)

La Defensoría del Pueblo afirmó este miércoles ante la Asamblea de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) que se han logrado avances en el «resguardo» de los derechos humanos de los adultos mayores, al darles prioridad en temas de salud, entre otros, como ocurrió -asegura- con la vacunación contra la COVID-19.

La institución, de acuerdo con un comunicado de prensa, participó en la asamblea de manera virtual, en la que destacó el funcionamiento de la Defensoría Especial Nacional para la Protección de las Personas Adultas Mayores en pro de los derechos de la tercera edad.

«Es así como, durante el año 2021, esta institución hizo una serie de propuestas y recomendaciones a la Ley Orgánica Especial para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, que fue promulgada ese mismo año y que recoge todo lo referente a los derechos humanos de este sector de la población», agregó.

“Empoderar a los adultos mayores”

Asimismo, indicó que está promocionando el contenido de la ley, lo que permitirá «empoderar» a los adultos mayores en conjunto con el Plan Especial de divulgación que está realizando la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en el país.

«Además, la República Bolivariana de Venezuela cuenta con el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), que es el organismo rector de las políticas de protección social que desarrolla proyectos destinados a la atención de este sector vulnerable de la población», señaló.

El organismo afirmó que en los planes de vacunación contra la covid-19 se tiene como prioridad a los ancianos, que han recibido «dos o tres dosis de diversas vacunas (…) mientras se está preparando la implementación de una cuarta dosis para esta población».

El pasado 9 de marzo, jubilados y pensionados venezolanos exigieron ante las sedes de la Seguridad Social de distintas ciudades del país caribeño un pago de 900 dólares mensuales, ajustado, según reclaman, al costo de la canasta básica.

«El salario mínimo y las pensiones se deben ajustar, como lo ordena la Constitución, al costo de la canasta básica familiar, cuyo monto es de 900 dólares», expresó Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados (Fenajupv), de acuerdo con un comunicado de prensa. EFE




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