La opositora Karim Vera denunció este martes la muerte, por causas desconocidas, de dos conciudadanos que transitaban por uno de los pasos ilegales que unen su nación con Colombia, conocido como La Platanera.
Ese sendero une el municipio de San Antonio, en el estado venezolano del Táchira, con el sector conocido como «La Parada», en el departamento colombiano de Norte de Santander, según recoge un comunicado de la oposición que se hizo eco de la denuncia de Vera.
«Estas personas forma parte de la larga lista de venezolanos que se ven obligados a caminar por los pasos irregulares denominados trochas, debido al cierre unilateral de los puentes oficiales por parte del régimen de Nicolás Maduro», afirmó.
Un día antes, señaló que la violencia en el lado venezolano de la frontera con Colombia se ha agudizado en los últimos días, en los que «han asesinado a personas que utilizan las vías irregulares».
Reportó entonces que los ciudadanos que diariamente intentan cruzar la frontera por los pasos irregulares, llamados comúnmente «trochas», sufren humillaciones, vejaciones y son víctimas de la delincuencia.
Funcionarios en el negocio
La exparlamentaria indicó que algunos funcionarios se han sumado al «negocio» de cobrar pasajes y traslados por estas rutas.
La frontera quedó cerrada al paso de vehículos en agosto de 2015 por orden de Caracas, y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por el presidente Nicolás Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria.
Acerca de la posibilidad de reabrir los puentes internacionales, Vera sostuvo este martes que es un asunto usado como «herramienta de control político y electoral» por el protector del Táchira, Freddy Bernal.
El cargo de protector, que no es oficial ni elegido en las urnas, es designado por Maduro y ejerce de facto las funciones del mandatario regional en los estados cuyos gobernadores son opositores, tras ganar las elecciones regionales en 2017 para un período de 4 años, que se renovará el próximo noviembre. EFE
