Periodista costarricense-nicaragüense Lucía Pineda Ubau. (Cortesía)

Familiares de la periodista costarricense-nicaragüense Lucía Pineda Ubau, quien se encuentra detenida desde hace 15 días acusada por presunto terrorismo, denunciaron hoy el allanamiento de su domicilio sin orden judicial y en horas de la noche por parte de la Policía de Nicaragua.

La vivienda de Pineda Ubau, jefa de prensa del canal 100 % Noticias, crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue allanada la noche del viernes por oficiales que llegaron a bordo de una serie de patrullas, dijo a periodistas Alejandro Ubau Hernández, tío de la comunicadora.

La policía, de momento, no se ha referido al caso.

“Nos preocupa que puedan fabricar pruebas, evidentemente falsas, para justificar los absurdos de los cargos que le están imponiendo a Lucía”, señaló el pariente de la periodista, cuya casa está ubicada a 13 kilómetros al suroeste de Managua.

Agregó que “nosotros obviamente reaccionamos indignados y les solicitamos, aunque sabemos que de poco sirve, pero insistimos en solicitarle al Gobierno del presidente Ortega que pare ya el asedio, la persecución y que reaccionen a lo que la misma OEA y el Sistema Interamericano completo le están planteando”.

Dirigiéndose al presidente Ortega, le dijo que “ya es tiempo que detenga este lanzamiento al abismo de la violación de derechos individuales y derechos colectivos de una comunidad”.

Asimismo, denunció que el allanamiento al domicilio de su sobrina se hizo sin orden judicial, “amenazando a los vecinos” y en horas de la noche.

“Esas arbitrariedades las están normalizando”, advirtió.

El periodista Miguel Mora, dueño y director del canal 100 % Noticias, y Lucía Pineda, la jefa de prensa de ese medio, están detenidos desde la noche del 14 de diciembre tras el allanamiento de esa televisora, y enfrentan cargos por “fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.

El canal 100 % Noticias fue allanado por la Policía Nacional ese día, al tiempo que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, lo que efectivamente ya ocurrió.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recién sobre la “intensificación de la cuarta etapa de represión estatal” en Nicaragua contra periodistas y medios independientes.

Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.

El Gobierno dio por concluida la misión de ese organismo en Nicaragua hace dos semanas.

Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce 199 muertos.

Ortega, próximo a cumplir 12 años en el poder de manera continuada, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido derrotado. EFE




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