Clipp denuncia que Tocuyito y Tocorón se convirtieron en campos de concentración de presos políticos

Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertaron que aún hay más 150 personas detenidas desde el 28 de julio

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/ Foto referencial: EFE

Para ella era imposible evitar llorar. Rita Elena Machado tiene a sus dos hijos en la cárcel de Tocuyito desde hace seis meses. Ellos aún permanecen en lo que fu calificado, junto a Tocorón, como campos de concentración postelectorales por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Son del estado Zulia. Fueron detenidos cuando iban a comprar mercancía para el negocio de uno de ellos y ahora su madre debe viajar más de nueve horas en carretera cuando le avisan que hay visita y le da chance de llegar para verlos.

“Me duele mucho yo no quiero ni comer. Pasé una Navidad muy triste porque mis dos hijos se encuentran ahí. Sin cometer un delito”, expresó Machado visiblemente afectada durante rueda de prensa organizada por el Clipp.

Relató que en Tocuyito les han dado a los presos políticos comida dañada y que las madres pasan horas frente al penal bajo el sol inclemente, esperando alguna noticia. Muchas se han enfermado.

Pidió a Nicolás Maduro y al fiscal Tarek William Saab que entiendan que los presos políticos que quedan en Tocuyito, alrededor de 100, son humanos e inocentes, por lo que exigió la libertad de todos.

Desde Clipp detallaron que de más de mil 300 presos políticos que llegaron a la cárcel de Tocorón, aun hay, al menos, 400 esperando órdenes de excarcelación.

Presos políticos en centros de prevención: Los olvidados

Hay un número no definido de presos políticos postelectorales que se mantienen en centros de reclusión preventivos. El esposo de María Elena Vázquez es uno de ellos. Está en la tercera compañía de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del destacamento 411 en Mañongo, municipio Naguanagua.

El 28 de julio fue detenido frente al centro de votación donde sufragó y, como ella, los familiares que tienen a alguien en un centro como ese, sienten que son los olvidados porque las excarcelaciones que se han dado corresponden a cárceles como Tocuyito y Tocorón.

Detalló que, además de comandos de la GNB, hay otros presos políticos en sedes de Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y del Comando Anti Extorsión y Secuestro (Conas), en varios estados del país.

A través de un comunicado, destacó que estos presos políticos ya tienen seis meses encerrados injustamente. Y esto ha provocado en ellos pérdida de peso considerable y un deterioro notable en su salud, sin atención médica adecuada.

“No cuentan con un espacio acorde para tener movilidad en su cuerpo, porque donde se encuentran recluidos son espacios muy reducidos para la cantidad de personas detenidas. Y esto ha generado dolores en sus extremidades, en sus coyunturas, erupciones en la piel por permanecer sentados y acostado en el piso”.

Relató que muchos de ellos son padres y madres de familia que han dejado de llevar el sustento a sus hogares, y que tienen niños que esperan por ellos en sus casas. Otros son profesionales en diferentes áreas, y hay estudiantes que están perdiendo evaluaciones en sus aulas de clases.

“Ellos tienen todo el derecho de seguir formando su futuro en libertad. Por tal motivo, pedimos que se les conceda la libertad. No podemos seguir esperando, ya han transcurrido seis meses de estas detenciones arbitrarias. Ellos no son terroristas ni delincuentes, son inocentes de todos los delitos que fueron acusados. Su salud mental se deteriora cada día. No podemos permitir que sus vidas sean destruidas por una injusticia”.

Vázquez ha acudido a diferentes instancias para exponer el caso de su esposo. Fue al Ministerio Público, la Defensoría Pública y no ha obtenido respuesta, le dicen que no saben nada.

“Yo le pido a la fiscal general, a toda la gente que está cargo de todo este proceso que revisen los expedientes. Esta gente no es no es terrorista como ellos dicen”.

Sin derecho a nada

Aurora Silva cumple este 30 de enero seis meses sin ver ni hablar con su esposo. Freddy Superlano está en El Helicoide desde el 30 de julio sin derecho a nada, así como los otros presos políticos del lugar.

Ella denunció que, desde el día uno de la detención, se violó el debido proceso y no se cumplen formalidades legales.

Ha asistido a todas las instancias nacionales e internacionales, pero en ningún sitio le han dado información. Alegan una y otra vez que es un caso pesado y que amerita la autorización directa de presidencia.

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Sus hijas de siete y de tres años, así como la madre de Superlano, no lo han visto porque ha estado aislado. Tampoco ha tenido derecho a la defensa. “No sé si lo están torturando físicamente y por eso es que no me dejan verlo”.

Sairam Rivas ya cuenta 50 días de la detención de su esposo Jesús Armas. Él también está en El Helicoide. Calificó como un crimen de lesa humanidad la tortura psicológica a la que someten a los presos políticos y sus familias al impedirle el derecho a la visita.

“No se sabe si está bien, si comen, nada sobre su estado de salud o si están vivos. La única fe de vida que tenemos es un papel con las necesidades que ellos tienen. Nos dicen que las visitas y llamadas se permitirán cuando vengan ordenes de arriba”.

Alertó que se han desarrollado audiencias clandestinas en los mismos centros de detención, no se conocen los cargos, no hay acceso a los expedientes y no se sabe qué tribunal ni fiscal está a cargo de cada caso.

Hizo un llamado a los gobiernos, parlamentos, al alto comisionado de naciones unidas, relatores especiales, grupos de trabajo, a la iglesia venezolana, a las universidades y a distintas instancias de cogobierno a que se pronuncien ante estos crímenes de lesa humanidad.

También pidió que no se criminalice ni persiga la lucha de los familiares de los presos políticos. “Son esposas, madres, hijas, padres y son ahora el sostén de hogar y responsables de niños, personas mayores que están desprotegidas”.

Políticos a espaldas de los presos postelectorales

El periodista Carlos Julio Rojas ya cumplió 300 días en El Helicoide. Su esposa, Francis Fernández, narró que dos días a la semana hacen requisas en procedimientos en los que los presos políticos lo pierden todo, como cobijas y libros.

Su cuestionamiento es claro. Para ella, hay políticos que en la actualidad le dan la espalda a quienes están tras las rejas por la persecución ocurrida tras la elección presidencial del 28 de julio.

“Los políticos que vi en estos 25 años les dieron la espalda a los presos políticos. Y hablo de caras visibles que están planificando elecciones cuando se cometen graves delitos en todos los centros de detención. Es hora de que, quienes dicen que hay que ir a elecciones, se paren de frente ante este problema, que tomen postura ante este desastre. No podemos seguir callados, dando la espalda ni haciéndonos los locos”.

Expresó de forma tajante que es injusto que un periodista, por hacer su trabajo, sea perseguido y que un país sin libertad de expresión no está en democracia.

Andreina Baduel, resaltó que su hermano, Josnars Baduel, tiene más de mil 680 días preso injustamente y que El Rodeo I ya está por cumplir un año de haber sido inaugurado como un centro de tortura.

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Relató que le piden a los familiares que se pongan capuchas para entrar a la visita y se mantienen severas restricciones de alimentación, hidratación y medicinas.

“Pero, no conforme con ello, son sometidos a torturas prolongadas en una celda dos por dos en la que solo tienen una letrina y una cama de celda”.

Detalló que son alrededor de 60 presos políticos los que están en El Rodeo I, quienes han presentado un daño progresivo en ellos. Su hermano necesita cuatro operaciones por secuelas de torturas en el Sebin. Además, hay quienes tienen más de 60 días que no ven a sus familiares y que están completamente incomunicados temiendo por su vida.

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