detenidas
(Foto referencial)

Este miércoles fueron detenidos en Valencia, Carabobo, María Zigala Muñoz y Ricardo Peña, por su presunta vinculación con los delitos de sobreprecio de 235% en la asignación de divisas para la empresa Azucarera Río Turbio, otorgadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), informó el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab.

En un contacto telefónico a Venezolana de Televisión (VTV), el fiscal general señaló que, además, estas dos personas podrían estar involucrados en el delito de fraude y sobrefacturación, tipificados en las leyes venezolanas. “Ellos intentaron el día de hoy huir del país desde Valencia, abordando un vuelo privado hacia Aruba, y fueron detenidos y puestos a la orden de las autoridades competentes para ser enjuiciados”.

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Saab detalló que la empresa fue allanada por los organismos de seguridad el martes, debido a que su dueño presuntamente había recibido 156 millones de dólares entre 2004 y 2017. El Ministerio Público (MP) investiga a un total de 18 compañías, 13 de ellas fantasmas, que recibieron divisas del Estado a través de la extinta Cadivi y actual Cencoex.

Son al menos 19 funcionarios y empresarios los que hasta el momento se encuentran detenidos por sus presuntas vinculaciones en delitos con los casos de PetroZamora, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Monagas y PetroPiar, sostuvo el titular del MP.

ALERTA ROJA INTERPOL 

El Gobierno solicitó a Interpol la activación de alerta roja para la detención de empresarios prófugos, dueños de tres empresas que presuntamente incurrieron en la contratación con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), explicó Saab.

Como parte del balance sobre los casos de corrupción investigados por el MP, destacó que estas compañías, que suscribieron contratos con sobre precio con la empresa mixta Petrocedeño, fueron allanadas. “La semana pasada, a través de la Fiscalía 67 Nacional, se solicitó al Tribunal Sexto de Control del estado Anzoátegui, tres allanamientos”.

Estas empresas son: Cooperativa Servicios de Oriente, que obtuvo un contrato por 5,4 millones de dólares, cuyo dueño es Eduardo Celis García; Sumiservi 2021 C.A., compañía que firmó contrato por 18,8 millones, y que es propiedad de Juan Carlos Díaz; y Servicios de Construcción y Mantenimiento Romara, empresa que suscribió un contrato por 2,3 millones, cuya representante es Marialba Machado Suárez.

Esta última es una empresa fantasma que no tiene domicilio fiscal. Además se detectó su conexión con la empresa Sumiservi, pues la propietaria mantiene una relación conyugal con el dueño de la otra industria, indicó el fiscal. Al parecer todas estas personas antes mencionadas se encuentran prófugas de la justicia venezolana en Estados Unidos.




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