Diálogo Interamericano
En su informe, Diálogo Interamericano recomendó incrementar "las sanciones a quienes facilitan la represión y corrupción". Foto archivo: Cortesía Pixabay

El centro de análisis e intercambio político Diálogo Interamericano definió este viernes a Nicaragua como “un estado no cooperativo, conflictivo y agresivo”, con base al estilo de Gobierno del presidente Daniel Ortega, un exguerrillero que se encuentra en el poder desde enero de 2007.

El informe del Diálogo Interamericano, titulado “La radicalización dictatorial en Nicaragua ¿De represión al extremismo?”, resume la situación del país desde que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en los comicios de noviembre de 2021, e incluye la forma en que el matrimonio se dirige hacia la comunidad internacional en nombre de sus habitantes.

“Los insultos, agresiones verbales, declaraciones de persona non grata, ataques contra autoridades internacionales, son parte característica de un Estado forajido, tal vez herido, que sigue cavando su trinchera en vez de encontrar una solución negociada a la crisis”, indicó el Diálogo Interamericano, dirigido por el consultor nicaragüense Manuel Orozco, a quien la Fiscalía acusa de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

Diálogo Interamericano

Entre otras decisiones tomadas por Ortega desde su última reelección, está el retiro de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el rompimiento de relaciones con Taiwán y Países Bajos, y tildar de “tiranía perfecta” al Vaticano.

También el restablecimiento de relaciones con China, el apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania, la expulsión y declaración de “persona non grata” a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt, y la promoción del denominado “nuevo orden mundial multipolar” que promueven Moscú y Pekín.

El informe hizo especial énfasis así en la situación interna de Nicaragua, tras los comicios de hace un año.

“Talibanizar Nicaragua” 

“Ortega prometió darle continuidad al mantenimiento de poder, estipulando ‘borrón y cuenta nueva, y vamos adelante’. Esta declaración cementó lo que se convirtió en la radicalización del autoritarismo del régimen. Esta radicalización ha consistido en esbozar una forma de talibanizar a Nicaragua”, señaló el Diálogo Interamericano en el estudio.

Mencionó juicios contra la sociedad civil y el sector privado, eliminación del pluralismo político y cívico, persecución de religiosos, la “precaria” situación de derechos humanos, censura de libros, cierre de fronteras para ciudadanos nicaragüenses, confiscación de pasaportes y cárcel “arbitraria e ilegal”.

Además resaltó el encarecimiento del costo de la vida, el apoyo económico de los organismos financieros internacionales, así como los efectos que esto tiene en la sociedad nicaragüense.

“Una fuerza policial pretoriana de 20 mil personas (…): 1 policía por cada 100 casas, más de 300 asesinatos en la impunidad, más de 200 encarcelamientos, 45 de ellos por falsas acusaciones contra destacados dirigentes, emigración de 450 mil nicaragüenses, 400 mil entre 2021 y 2022, renta per cápita menor a 2 mil dólares, similar al del 2017”, detalló.

“Aislamiento internacional”

A eso, el estudio agregó el “aislamiento internacional, rompimiento de obligaciones internacionales, corrupción estatal apoyada por endeudamiento externo que oxigena financiamiento, censura y persecución sistemática de periodistas, cierre de 56 medios de comunicación, persecución de las autoridades religiosas, académicos, y otros notables, favores económicos a los paramilitares y líderes sandinistas locales a cambio de lealtad”, entre otros.

En su informe, Diálogo Interamericano recomendó incrementar “las sanciones a quienes facilitan la represión y corrupción”, que las instituciones financieras internacionales “exijan mayor transparencia”, “reconocer y promover el rol de la diáspora Nicaragüense como actor cívico y pacífico de cambio, continuar la presión multilateral en los foros internacionales”.

Asimismo, “ejercer presión para la implementación absoluta de la Ley Renacer” (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), promulgada por el presidente Joe Biden en noviembre pasado para presionar a Ortega.

El documento fue emitido dos días antes de las elecciones municipales en Nicaragua, en las que el sandinismo parte como favorito debido a la eliminación de tres partidos opositores y el encarcelamiento de sus principales dirigentes.




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