Desde 2017 el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, ha vivido en carne propia las políticas represivas del régimen madurista. En menos de tres años ha sido detenido de forma arbitraria en tres ocasiones. La última fue el 20 de diciembre de 2019 y desde entonces se mantiene privado de libertad, bajo cuestionables condiciones de prisión y sin acceso a la defensa.
Así lo denunció este jueves 30 de julio su abogada, Theresly Malavé, en entrevista con El Carabobeño. “En principio, se está violando su integridad física, porque estamos hablando de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo. Lo mantienen recluido debajo de una escalera en la sede las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional y no le proveen alimentos ni líquidos, por lo que se encuentra “en avanzado estado de deterioro”.
No hubo respeto a su inmunidad parlamentaria y tampoco se ha dado cumplimiento del debido proceso, ambos derechos establecidos en la Constitución venezolana. En siete meses no le han permitido nombrar a su defensor, tener acceso a las actas, conocer el motivo por el cual se le está juzgando, presentar pruebas y comunicarse constantemente con su familia y abogados, advirtió Malavé.
“Todos los detenidos en el mundo tienen derecho a designar a su abogado de confianza”, resaltó la jurista. El Estado pretendía asignarle un defensor que no lo había visitado ni la primera vez, por lo que el también militante de Voluntad Popular (VP) decidió renunciar a la defensa pública. “Para él cesaron todos los derechos que tiene dentro del debido proceso”.
El lunes 27 de julio la defensa del opositor pidió en el Ministerio Público (MP) que un fiscal se presentara de forma urgente en el centro de reclusión, a fin de que constatara las condiciones de reclusión de Caro. Dos días después Malavé recibió una llamada por parte de la representante de la Subdirección de Derechos Fundamentales, quien le notificó había visto al diputado y que se encontraba en buen estado físico y mental.
Sin embargo, el fiscal que habría sido designado para evaluar las condiciones en las que se encuentra el parlamentario no acudió a la sede de las FAES acompañado de un médico, por lo que, según la abogada, la Fiscalía no está en facultad de aseverar que se encuentra bien. “Le pregunté si habían corroborado las condiciones de reclusión y me respondió que ella realmente no tenía el acta del fiscal, que me lo informaba después”.
Nuevo modus operandi
Malavé no ha podido tener acceso al diputado, ya que la jueza Hilda Villanueva del Tribunal Segundo contra el Terrorismo, a cargo del caso, le impide juramentarse formalmente como su defensa. Por lo tanto, hasta la fecha no cuenta con el documento que avala el nombramiento del defensor, un requisito que le exigen en el centro de reclusión para poder ingresar al recinto.
“Desde que Gilber está preso yo no me he podido juramentar y los intentos han sido infinitos”, dijo Malavé al explicar que la jueza ha tenido un rechazo directo hacia el caso. “Ella tiene que permitir que nosotros nos juramentemos y seamos sus abogados. Estamos esperando a que reaccionen, que podamos entrar a verlo y llevarle lo que necesite, incluso un médico se puede”.
Según la defensora, “en ese tribunal lo que se vive es una constante burla”. No solo han impedido sin razón alguna su juramentación, sino también la del equipo de abogados del diputado y militante de VP Renzo Prieto, detenido de forma arbitraria por las FAES el 10 de marzo, igual que Caro. “Venga mañana”, “hoy no hay despacho” o “no vino la jueza” son parte de las excusas que le dan.
A su juicio, el impedimento de la juramentación de la defensa de los presos políticos es una nueva práctica que forma parte del entramado desarrollado por el chavismo para violar los derechos humanos desde los tribunales. El primero al que el mismo tribunal presidido por Villanueva le impidió la juramentación de sus defensores privados fue el parlamentario Edgar Zambrano. “De ahí en adelante eso se ha convertido en algo normal para ellos”.
Un ciclo sin fin
A penas un año había pasado tras resultar electo como diputado suplente de la AN, cuando le tocó enfrentarse al rostro más cruel del chavismo. El 11 de enero de 2017 Caro fue detenido, junto a la también dirigente de VP Steyci Escalona, en la Autopista Regional del Centro (ARC). Ambos fueron interceptados en el peaje de Guacara, Carabobo, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Luego de un año y cinco meses preso, el 2 de junio de 2018 el parlamentario fue excarcelado en el marco de un proceso de liberaciones con medidas que incluyó a varios presos políticos. Salió de la cárcel visiblemente deteriorado tras perder varios kilogramos de peso y padecer algunas afecciones de salud producto de las condiciones en las que se encontraba.
Caro fue juramentado en el Parlamento el 5 de junio y se mantuvo desarrollando sus funciones legislativas hasta que, en la madrugada del 26 de abril de 2019, fue nuevamente detenido de forma arbitraria y desaparecido durante al menos tres días. Pasaron casi dos meses y el 17 de junio fue liberado.
El 20 de diciembre de 2019, por tercera vez el legislador fue detenido arbitrariamente. También detuvieron a su asistente, el periodista Víctor Ugas, quien ya se encuentra en libertad. Este año finaliza el período legislativo para el que fue electo y Gilber Caro ha estado más tiempo injustamente tras las rejas, que ocupando la curul que la mayoría de los venezolanos le otorgó en 2015.
