Ecuador ha decidido aliviar las condiciones de entrada a los emigrantes venezolanos que tengan familiares consanguíneos en el país y no les exigirá sus antecedentes penales como lo hacía desde el 26 de enero a raíz de un femicidio.
Así consta en un documento difundido este sábado a los medios por el Ministerio de Exteriores en el que se establecen cuatro categorías de exención.
Las nuevas condiciones, parte de un «acuerdo interministerial» firmado el viernes por la noche con el Ministerio del Interior, establecen en su artículo 1 que quedarán exentos de esa demanda aquellos migrantes que acrediten «mantener vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad con ecuatorianos que residan en el país» o que posean «una visa de residencia en el Ecuador válida y vigente».
Tampoco deberán presentar el certificado de antecedentes penales aquellos venezolanos que «de cualquier edad, utilicen el territorio nacional como ruta de tránsito y acrediten poseer una visa o permiso migratorio del país de destino».
Las nuevas condiciones siguen a las protestas de grupos de emigrantes venezolanos y de derechos humanos que condenaron la semana pasada la disposición de imponer ese requisito, a raíz del femicidio cometido el pasado 19 de enero por un migrante venezolano en la ciudad de Ibarra (norte).
Ecuador se quejó entonces de que Venezuela no le proveía los antecedentes de los migrantes, y que muchos delincuentes o personas con antecedentes habían conseguido entrar en el país.
A raíz de ese suceso, el día 21 se dispuso la demanda de presentar en frontera el certificado apostillado de antecedentes penales, lo que dejó bloqueados a cientos de migrantes que ya habían partido de Venezuela.
Para otros que requerían visados de residencia, la demanda supuso un nuevo impedimento por las dificultades de obtener ese documento apostillado y sus altos costes.
Según el nuevo acuerdo, las autoridades migratorias ecuatorianas se reservarán también la posibilidad de permitir la entrada al país sin el certificado a aquellos «casos excepcionales» que consideren merecedores.
Firmado por el ministro de Exteriores, José Valencia, y la de Interior, María Paula Romo, el documento refrenda la decisión anterior de no exigir los antecedentes penales a «niños, niñas y adolescentes».
En Ecuador residen cerca de un cuarto de millón de venezolanos, del millón que cruzaron las fronteras del país en busca de destinos más promisorios.
