El Departamento del Tesoro emitió una licencia que permite a instituciones financieras internacionales y a organizaciones del sistema de Naciones Unidas realizar operaciones con el Banco Central de Venezuela (BCV), básicamente con el objetivo de realizar transacciones financieras con fines de apoyo humanitario.
Las instituciones cuyas operaciones con el ente emisor venezolano están permitidas y libres de sanciones son la Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Latinoamericano de Reservas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus instituciones especializadas, el Grupo Banco Mundial, incluyendo al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la Asociación Internacional de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, la Agencia de Multilateral de Inversiones y Garantías y el Centro Internacional de Arreglos de Dispuestas de Inversión (Ciadi), publicó Banca y Negocios.
Igualmente, están autorizadas las operaciones del BCV con los entes del sistema de Naciones Unidas, incluyendo sus programas y fondos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), el Fondo de Naciones Unidas para la Población, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, la Fundación de Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial para la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud.
Esta licencia estará vigente durante 18 meses, pero se renovará automáticamente cada mes. Esta licencia es un paso que relaja la tensión entre la administración de Nicolás Maduro y la de Donald Trump, aunque se mantienen todas las restricciones para las operaciones financieras no relacionadas con el apoyo de estas instituciones multinacionales.
Una de las iniciativas concretas que esta nueva licencia viabiliza es el préstamo de 350 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para rehabilitar infraestructura crítica para la prestación de servicio eléctrico en las zonas más afectadas del país. Este crédito ha estado rodeado de polémica y, hasta ahora, no había sido aprobado por la Asamblea Nacional.
La intención es que las obras sean gestionadas por el Pnud -también amparado por esta licencia- y el control sea gestionado por el parlamento y una comisión con representación de los dos principales sectores políticos.
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