El Salvador se convirtió el 7 de septiembre pasado en el primer país del mundo donde el bitcóin es moneda legal de pago, junto al dólar estadounidense, de acuerdo con la legislación aprobada en junio pasado.
Según Sergio Gorjón, autor del estudio, ese proyecto «está rodeado de numerosas incertidumbres prácticas que ofrecen dudas acerca de la evolución de la iniciativa a medio plazo», aunque sea una decisión que convierte a El Salvador en «campo de pruebas para jurisdicciones con monedas débiles o plenamente dolarizadas que aspiran a independizarse del dólar» estadounidense.
Por ejemplo, explica que «no es fácil dilucidar quién asume en realidad el riesgo de tipo de cambio derivado de las fluctuaciones del bitcóin en el mercado» y que, «en última instancia, podría resultar necesario repercutir un eventual quebranto sobre la ciudadanía en forma de impuestos».
El texto también refleja la «incógnita» existente sobre «la capacidad real del mercado para desarrollarse y estar en disposición de satisfacer las necesidades de sus potenciales usuarios, por ejemplo mediante la aparición de servicios de valor añadido en forma de productos innovadores alrededor de los criptoactivos».
Además, sobre la viabilidad de esa decisión, el artículo añade los problemas técnicos asociados al uso del bitcóin, como «poco más de un 50 % de su población tiene acceso a Internet y una cuota de mercado de los teléfonos inteligentes que apenas alcanza un 40 %».
Por contra, resalta algunos aspectos positivos ligados a esa iniciativa, como «el esfuerzo normativo» realizado para evitar su uso «para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo».
El estudio habla también de las complicaciones surgidas en su aplicación, como la caída de la cotización oficial del bitcóin del 17 % tras la adquisición, por parte de BANDESAL (Banco de Desarrollo de El Salvador), del equivalente a 21 millones de dólares (400 unidades) para la constitución de un fideicomiso con que responder a las necesidades del mercado y su convertibilidad a dólares.
También hubo problemas en la descarga e instalación de las billeteras digitales y en su configuración, lo que se saldó con la interrupción del suministro de los monederos hasta que se encontrara una solución a la falta de capacidad de los servidores.
Otros inconvenientes fueron «la opacidad y la ausencia de consenso con las que se ha llevado adelante el proyecto», que tuvo como consecuencia la revisión a la baja de la calificación crediticia soberana de El Salvador por la agencia de medición de riesgos, lo que a su vez afectó a la renegociación de la deuda de El Salvador con el FMI.
