Los docentes y el personal administrativo y obrero del Ministerio de Educación recibieron durante el mes de julio diversos pagos correspondientes al cierre del año escolar, que llegaron acompañados de una serie de reclamos por el deterioro del ingreso y, en el caso de los jubilados, retrasos y exclusiones en los pagos.
En un trabajo publicado por el portal El Pitazo se señala que la diferencia entre los ingresos percibidos actualmente y el poder adquisitivo que tenían los educadores en décadas pasadas demuestra la crisis que afecta tanto a trabajadores activos como a pensionados y jubilados.
Luis Ordoñez, representante del Sindicato de Maestros de Distrito Capital, detalló que los docentes activos recibieron el pago de su bono vacacional calculado sobre la base de 60 días de salario. En su caso particular, como docente categoría 6 activo, el monto recibido por concepto de estos 60 días de bono vacacional fue de 835,6 bolívares (1,12 dólares).
Además de este monto, el personal recibió un bono especial de vacaciones, decretado por el Gobierno nacional, por un valor de 60 dólares. Este beneficio se tradujo en un depósito de aproximadamente 44.586 bolívares. Ordoñez señaló que para finales de mes todavía quedaba pendiente el pago del ajuste de 28 días, que corresponde al reajuste salarial de cuatro semanas, el cual suele cancelarse en la última semana de julio.
A estos montos se suman el Ingreso Integral de los Trabajadores por un monto de 150 dólares y el cestaticket de 40 dólares, para un total de 250 dólares hasta el momento. No obstante, falta por cancelar el Bono de Responsabilidad Profesional, cuyo monto varía según los años de servicio y el grado académico, así como una última parte del Ingreso Integral de los Trabajadores, por un monto de 50 dólares.
Por su parte, los obreros recibieron un bono vacacional de 60 días de salario, una bonificación sustitutiva de uniformes de 60 días de salario y una bonificación sustitutiva de útiles escolares de 30 días de salario. También se les depositó 150 dólares del Ingreso Integral de los Trabajadores, 40 dólares de cestaticket y el Bono Especial de Vacaciones de 65 dólares, el cual equivale a 47.919,95 bolívares. Al igual que el resto del personal activo, a los obreros les restaba por cobrar 50 dólares del Ingreso Integral. El total proyectado para este personal en bonificaciones fijas es de 305 dólares, sumado a los 150 días de salario por vacaciones, uniformes y útiles escolares.
Una trabajadora jubilada del estado Miranda calificó la situación actual como “un atropello sistemático y una humillación” por parte del Gobierno nacional. Entre sus principales quejas destaca la exclusión del beneficio del cestaticket y lo que describe como una “discriminación descarada” en el cronograma de pagos.
Los jubilados denuncian que el Bono de Ingreso Integral al Trabajador les fue cancelado con dos días de retraso en comparación con el personal activo. Asimismo, aseguran que no se les otorgan los 28 días de ajuste salarial y que el Bono de Profesionalización no lo han percibido. En cuanto al Bono Especial de Vacaciones, la jubilada de Miranda señaló que debieron esperar hasta el día 25 de julio para recibirlo, 15 días después de que fuera pagado a los trabajadores activos.
Los jubilados de educación percibieron quincenas variables según su categoría: un Docente I recibió 329,85 bolívares mensuales, mientras que un Docente VI percibió 450,70 bolívares . El bono recreacional de 60 días para los jubilados fue de 47.919,95 bolívares (unos 64 dólares).
A través de la plataforma Patria, los jubilados recibieron el bono de Ingreso Integral de la Administración Pública por un monto de 96.292 bolívares, equivalente a unos 131 dólares. Por su parte, la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se mantuvo en 130 bolívares, lo que representa 0,15 centavos de dólar. A este grupo todavía les falta cobrar la última parte del Ingreso Especial de los Trabajadores, por un monto de 35 dólares, para un total de 235 dólares en el mes de julio.
Las exigencias del sector jubilado incluyen la homologación del bono alimentario con el personal activo, ya que la contratación colectiva establece igualdad de beneficios, y el pago del Bono de Profesionalización que se omite al pasar a la condición de jubilado. También reclaman los intereses de mora por retrasos en el pago de prestaciones sociales, las cuales consideran ínfimas debido al estancamiento salarial vigente desde el año 2022.
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