La tranquila localidad de Aroa, en el municipio Bolívar del estado Yaracuy, se convirtió esta semana en el epicentro de un nuevo episodio de represión política en Venezuela. Pedro Hernández Oropeza, un activista de 40 años conocido por su labor en defensa de los derechos de los campesinos, fue detenido el pasado 16 de septiembre por funcionarios encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Sin orden judicial ni explicación, Hernández fue subido a una patrulla, dejando a su comunidad en vilo y sin información sobre su paradero, reseñó Efecto Cocuyo. La arbitrariedad escaló al día siguiente, cuando cuatro familiares de Hernández –su padre, Pedro Hernández Serrano; su esposa, Natalia Álvarez; su hermano, Daniel Enrique Hernández; y su primo, José Hernández, quien también es su abogado– fueron arrestados en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de San Felipe.
Los familiares acudieron a exigir claridad sobre la detención de Pedro, pero terminaron privados de libertad en un operativo que testigos describen como intimidatorio.
Una bebé de cinco meses, hija de Pedro y Natalia, estaba presente en el momento de los arrestos, rodeada de agentes armados que separaron a la pequeña de sus padres. La menor, ahora bajo el cuidado de otros familiares, se convirtió en un símbolo de la crudeza de estas acciones.
Castigo colectivo
Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal y Caleidoscopio Humano,denunciaron el caso como una desaparición forzada y un acto de “castigo colectivo”. Señalaron un patrón de persecución que recuerda al “Sippenhaft” nazi, con el que en tiempos de Hitler se reprimía a familias enteras para silenciar a disidentes.
Hasta este viernes 19 de septiembre aún no se conoce el paradero exacto de los cinco detenidos ni su estado de salud. “Esto es un mensaje claro: si alzas la voz, no solo te persiguen a ti, sino a todos los tuyos”, expresó un activista local que prefirió mantenerse anónimo por temor a represalias.
Hernández, exmiembro del Movimiento Vinotinto y cofundador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Yacambú, ya había enfrentado hostigamiento en 2016 por denunciar saqueos en Aroa. En 2020 se alejó de la política activa para dedicarse a su familia, pero su trabajo con la ONG Campo, que apoya a trabajadores rurales, lo mantuvo en la mira de las autoridades.
El contexto actual, marcado por la crisis postelectoral de julio de 2024, ha intensificado la represión en Yaracuy, un estado donde la disidencia rural ha sido especialmente castigada, según denuncia la ONG Espacio Público. “Reiteramos la necesidad de garantizar, con carácter inmediato, la seguridad y el retorno seguro de Pedro Hernández. También, la liberación y protección integral de sus familiares, asegurando que su integridad física y moral no se vea comprometida”, expresó en un comunicado la organización Justicia, Encuentro y Perdón.
Lo que dice el oficialismo
El gobernador de Yaracuy, Gerardo Márquez, negó las acusaciones de desaparición forzada. Insinuó que los detenidos estarían vinculados a un supuesto plan para “asaltar una unidad militar”.
Sin embargo, no se han presentado pruebas ni cargos formales. Mientras tanto, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han elevado el caso ante la comunidad internacional. Exigieron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. “Es una escalada brutal contra quienes defienden la libertad”, afirmó Machado en un comunicado.
El Observatorio Venezolano de Prisiones reporta que, al 8 de septiembre, hay 823 presos políticos en el país, 45 de ellos en desaparición forzada. La familia Hernández se suma a esta alarmante estadística, dejando a Aroa sumida en el miedo y la incertidumbre.
Organizaciones locales e internacionales claman por la liberación inmediata de los detenidos y acceso a los centros de reclusión para verificar su integridad.
Madre pide la liberación de su hijo y familiares
Damarys Oropeza de Hernández, mamá del activista Pedro Hernández, exigió este viernes la liberación del defensor de los derechos humanos, su esposa, y el resto de los miembros de su familia. Los detuvieron entre el martes y miércoles de esta semana. "Hago un llamado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que tome el caso de Aroa, municipio Bolívar del estado Yaracuy», dijo en un video que compartió la ONG Caleidoscopio Humano en su cuenta de la red social X.
Oropeza de Hernández detalló que a su hijo lo interceptaron funcionarios policiales cuando se desplazaba en una moto de su propiedad a las 5:30 de la tarde del 16 de septiembre. El activista iba junto con su esposa y su hijo recién nacido. Lo apuntaron en la cabeza y además de meterlo en la patrulla, dos policías se llevaron la motocicleta. A la esposa y al bebé los dejaron en medio de la calle.
"Se pudo comprobar por medio de fotografías y videos que no portaba arma alguna. No tenía sustancias nocivas y también se pudo observar que no se presentó ninguna orden de captura ni estaba ningún miembro de la fiscalía allí", afirmó sobre la detención que calificó de arbitraria.
Al día siguiente, miércoles 17 de septiembre, después de buscar en diferentes comandos policiales, a Hernández lo localizaron en la sede de La Trilla, en la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) donde su primo y abogado, José Hernández, se bajó a preguntar los motivos de la detención. Con él acudió la esposa de Pedro, Natalia Álvarez. A los dos los arrestaron.
Pero no conformes con eso, se dirigieron al vehículo donde estaban los demás miembros de la familia y bajaron al papá y hermano de Pedro, Pedro Hernández Serrano y Daniel Enrique Hernández, respectivamente.
«Se están violando todos los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa, se está violando el derecho a la salud porque mi esposo presenta una patología y también mi nieto recién nacido presenta una patología que requiere un tratamiento», afirmó Oropeza de Hernández.
Agregó que el vehículo donde se movilizó la familia también lo incautaron. En esa unidad se quedaron las medicinas del recién nacido, quien requiere un tratamiento de tres meses.
«Hasta ahora no han sido presentados, no hay causal ninguna, no hay orden ninguna para detenerlos ni en Caracas ni en Yaracuy. Hago responsables a los miembros de esa comisión de lo que me pueda pasar a mí a partir de este momento como también lo que le pueda pasar a cada uno de los miembros de mi familia», afirmó.
Al final del video que dio a conocer la ONG, la mamá de Hernández dice que para liberar a su hijo le pidieron dinero.
Hasta el momento, las ONG desconocen los motivos de estos cinco arrestos, que se consideran detenciones arbitrarias porque no hubo una orden judicial al momento de encarcelarlos.
Además, la esposa del primo de Hernández, José Hernández, denunció que tampoco saben por qué arrestaron al abogado. «No sabemos nada de él, no sabemos por qué lo arrestaron, posiblemente porque es abogado, yaracuyano y aroeño. Quienes lo conocen saben que es un padre, una persona honrada, un buen hermano, un buen hijo, un buen esposo», dijo Nerianny Aguilar. Pidió el apoyo del gremio de juristas en el país para que demanden su liberación.
Quién es Pedro Hernández
Hernández es fundador de la ONG Campo, con la que le da visibilidad a los derechos de campesinas y campesinos, así como de comunidades rurales del estado Yaracuy.
Estudió Psicología en la Universidad de Yacambú, donde fue cofundador del Centro de Derechos Humanos de esa institución de estudios superiores. Integró la ONG Movimiento Vinotinto, de la que fue su coordinador en el estado Lara donde inició sus estudios universitarios.
Las ONG Caleidoscopio Humano y Provea recordaron que Hernández ya fue víctima de detención en el pasado. La primera vez el 8 de junio de 2016 cuando lo apresaron por difundir en redes sociales información sobre saqueos que se produjeron en Aroa.
Mientras que en el año 2020, Frontline Defenders emitió una alerta a favor del activista porque hubo menciones amenazantes contra Pedro. En ese momento decidió estar en resguardo por varios meses para protegerse.









