Yasmín Juáres creyó un día que su nacionalidad pesaba como una maldición. Había viajado a Trinidad y Tobago para visitar a su esposo y su hijo, pero acabó siendo detenida por un oficial del aeropuerto internacional de Piarco, que le informó de que no pisaría la isla. Estaba con otros venezolanos que también fueron deportados dos días después por ser personas non gratas. Todavía recuerda la fecha con pena: 8 de noviembre de 2017. Los devolvieron a su país después de tenerlos dos días en un hotel, custodiados por un fornido policía y sin acceso a alimentos. “Me sentí espantada. ¿Cuál era nuestro pecado?”, relata.
El sobresalto apareció unos meses después. Su hijo José Rafael Silva, un disc jockey de 20 años, fue arrestado en una redada policial por estar residiendo ilegalmente en el país caribeño. Tampoco olvida ese día, el 3 de abril de 2018, porque fue el inicio de un calvario de casi un año. No tenía 1.500 dólares para cancelar una multa necesaria para su liberación. “Nos decían que había muchos inmigrantes. Por eso teníamos que pagar, pero nuestros bolsillos estaban vacíos”. Juáres dice que ofrecieron la mitad del dinero a la corte, pero se sintieron “ofendidos” y no aceptaron ese monto. Su excarcelación no llegó hasta febrero. Pero más de tres meses después, decenas de mujeres y hombres venezolanos siguen detenidos por motivos migratorios en las islas. No hay precisión en la cifra: la abogada Karla Henríquez Lozada, consejera diplomática del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos, los cifra en 207, mientras el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, habla de 89 personas privadas de libertad.
Henríquez denuncia que al menos cuatro adolescentes han sido deportados el pasado sábado. Su atención está en Jonathan Mora Mora, de 15 años, que fue devuelto a Venezuela sin, supuestamente el consentimiento de su representante legal. “No fueron entregados a ninguna autoridad, sin dinero para comida y traslado, en Caracas, una ciudad que no conocen porque son de Tucupita (oriente venezolano). La responsabilidad recae sobre la aerolínea Caribbean, sobre Inmigración y sobre el Gobierno de Venezuela”, apunta.
Trinidad y Tobago no esperaba la entrada en estampida de sus vecinos, más de 40.000 migrantes venezolanos en una nación con 1,4 millones de habitantes. La mayoría navegó en botes con la idea de espantar la miseria. Para Cruz Del Nardo Veliz, un fotógrafo de 22 años, es espinoso desembolsar 300 dólares para liberar a su novia, Ennymar Idrobo Velandia, una peluquera que obtuvo un certificado de aspirante a asilo emitido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ni ese documento sirvió cuando fue capturada por la policía, hace cuatro meses. Le preocupa que el encierro en el Centro de Detención de Inmigrantes (IDC, por sus siglas en inglés) haya afectado a la esquizofrenia que sufre su pareja.
RUTA PELIGROSA
En las costas de Güiria, en el Estado oriental de Sucre, unos 57 venezolanos están desaparecidos. Se trata de los tripulantes de los botes Jhonnaly José y Ana María. El primero zarpó a finales de abril con destino a Trinidad y Tobago, el exceso de peso pudo hundir a la embarcación. Las sobrevivientes relataron que se salvaron porque nadaron hasta tierra o se aferraron a envases de plástico hasta el tardío rescate.
Pero en menos de un mes, el 16 de mayo, otro bote clandestino con 33 personas desapareció. Solo un hombre fue rescatado. Los familiares de los pasajeros esperan información sobre su paradero en el muelle de Güiria, pero no existen rastros.
Un informe de Acnur indica que el 79% de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago ingresó por botes. Hasta hace dos o tres años, la mayoría lo hacía por avión, pero la agudización de la crisis y la desesperación convirtieron en la principal opción a las pequeñas embarcaciones que suelen navegar ilegalmente.
La ley trinitaria es restrictiva con los solicitantes de asilo. Francisco Marín, un periodista detenido en abril, vio cómo un comisario ordenaba a sus oficiales ignorar la condición de asilados. “Él tomó mi carné de refugiado y lo mostró a unos 25 policías. Después dijo: ‘Si a ustedes les presentan algún documento de las Naciones Unidas, tengan claro que los jefes somos nosotros, como Gobierno, y esto no tiene validez”, afirma.
Fue detenido cuando iba a un supermercado. En la patrulla policial había otros dos venezolanos. Los llevaron a una cárcel común en Point Fortín, donde estuvieron cuatro días en una celda de dos metros de largo y dos de ancho. Francisco se sentía humillado. Solo había un sanitario dentro de ese espacio para todos los prisioneros y dormía sobre el concreto. Estaba aturdido por los gritos de otros reclusos y ninguna autoridad atendía sus peticiones.
Su testimonio es parecido al de Yasmin Juáres, que durante la detención de su hijo denunció ante instancias de Caracas las condiciones de los migrantes. “En Trinidad, los venezolanos presos no tienen derecho a nada. Ni siquiera a llamadas telefónicas”, dice.
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