El 23 de mayo todo parecía estar claro, al menos ya había una fecha. El país, en medio de intensas protestas de calle, estaba a siete meses de las elecciones regionales, pautadas para el domingo 10 de diciembre, mes en el que cumplirían un año vencidas. Pero apenas era el inicio de una escalada de modificaciones del cronograma comicial.
El anuncio lo hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. Ese día fue puntual: Solo dio la fecha que no coincidió con el plan inicial dado a conocer el 18 de octubre, cuando informó que las elecciones regionales serían para finales del primer semestre de 2017, y las municipales para diciembre.
Semanas después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió sobre la validación de partidos políticos, proceso que inició el 4 de marzo de este año. Por esta razón el CNE estableció que una vez culminada la renovación de nóminas, se harían los comicios pendientes, y fue en mayo cuando se anunció la fecha del 10 de diciembre.
Pero otra modificación se gestaba. Esta vez desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que solicitó el 12 de agosto, a menos de dos semanas de su instalación, el adelanto de las elecciones para octubre. El CNE no tuvo objeción. Eso obligó a recortar el lapso para postular candidatos, y no incluir en el proceso la elección de diputados de los consejos legislativos estadales, que en su mayoría están bajo el control del Gobierno.
Esa repentina decisión hizo que las postulaciones se hicieran de forma apresurada durante los dos días siguientes, aunque hasta ese momento aún no estaba clara la fecha del proceso comicial. Fue una incertidumbre que las rectoras mantuvieron hasta el 11 de septiembre, cuando se anunció que serían el 15 de octubre.
Eso no fue todo. Aunque la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) especifica que las sustituciones de candidatos inscritos se puede hacer ante el CNE hasta 10 días antes del proceso, esta vez no se permitió y muchos partidos quedaron excluidos.
