Dos heridas por arma de fuego presentó el cuerpo de Luis Piñango, de 23 años, quien murió el pasado miércoles 28 en la tragedia ocurrida en la comandancia policial, donde también perecieron otras 67 personas, pero el certificado que le entregaron a su madre establece asfixia mecánica como motivo del deceso.
Yaneth Padrón fue una de los familiares de las víctimas, que este lunes acudió a la fiscalía a acompañar el diputado Carlos Lozano, a pedir una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en la comandancia policial.
La humilde mujer declaró a la prensa. “A mi hijo le dieron dos tiros, uno en un costado y otro en la cara, tenía cuatro años, un mes y 10 días preso”. Aseguró que tuvo que firmar el papel que establecía que la muerte fue por asfixia mecánica, para poder retirar el cuerpo y darle cristiana sepultura.
Frente a la sede principal del Ministerio Público en Valencia, buena parte de los familiares que se concentraron querían contar su historia, para que se haga justicia. Aseguraban que las cifras dadas a conocer por el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente no son exactas, porque estiman que los muertos pasaban de cien.
Con pancartas improvisadas, acusaban a un oficial de apellido Carrera por lo que había ocurrido, y pedían justicia. Otro de apellido Ruíz también aparecía en los carteles.
Keila Karina Guzmán sigue molesta. Cuando entró a reconocer el cadáver de su hermano José Francisco Guzmán, de 33 años, se dio cuenta que no estaba quemado, pero en la parte de atrás de la cabeza tenía un gran hueco.
“Me pidieron que pusiera la huella para que quedara constancia de que lo había reconocido y cuando le pregunté al policía por qué tenía el hueco en la cabeza, me dijo: señora ponga la huella o la mando a sacar, y tuve que hacerlo”.
La joven piensa que a su hermano lo asesinaron y ahora dejó cuatro niños huérfanos.
Un niño de trece años, que también estaba en la concentración, dijo que sus familiares no entienden por qué el acta de defunción de su padre, Alí Eduardo Díaz Rojas, dice que murió por asfixia mecánica, si nadie lo estranguló.
Contó que su papá solo tenía un gran golpe en la frente y un ojo morado, pero no estaba quemado.
La madre de Charles Daniel Guerrero pidió protección para todos los familiares de la tragedia de la comandancia policial, porque estaban haciendo señalamientos con nombres.
Nelly Cecilia Guerrero acusó a un oficial de apellido Porte de cobrar para dejar pasar los teléfonos a los calabozos. Dijo que su hijo no presentó muchas quemaduras, pero al igual que los demás le pusieron asfixia mecánica como motivo de la muerte.
“A las nueve de la mañana mi hijo todavía estaba vivo, pero les rociaron gasolina y después les lanzaron una bomba lacrimógena, y con la chispa que hizo se prendió el fuego”.
LOS DIPUTADOS
El diputado a la Asamblea Nacional por Carabobo, Carlos Lozano, junto a los también parlamentarios Romny Flores, Ángel Álvarez y Marco Bozo, acudió este lunes a la fiscalía donde entregó un documento mediante el cual solicitó una averiguación sobre lo ocurrido en la comandancia policial.
Lozano hizo la solicitud, en su condición de presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario y Cultos. Expresó que en Venezuela la pena de muerte no está establecida, por el contrario el derecho a la vida está consagrado en la Constitución.
El diputado citó que desde la AN los parlamentarios carabobeños alertaron sobre el problema de hacinamiento en los principales centros de reclusión del país, pero no les hicieron caso.
Igualmente señaló que algunas de los reos que murieron el miércoles 28, tenían hasta cinco años esperando por un traslado hacia una cárcel. “Este es un gobierno genocida, que está matando a la gente”.
Carlos Lozano recibió el respaldo inmediato de los familiares de los fallecidos, cuando hizo un llamado a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, para que venga a Carabobo a certificar la situación de los presos.
El legislador adelantó que el tema será debatido en la sesión de la AN del próximo martes.
Le dio la palabra a un familiar quien se identificó como Wilka González, quien expresó que el hecho que estas personas estuvieran detenidas, no era motivo para que los hayan “matado como unos perros”.
González, quien quedó viuda de Ericson Zapata, aseguró que no solo hay muertos quemados, sino por heridas de bala y alguien debe responder por eso.
Se quejó del retardo procesal y que en la policía supuestamente cobraran por los traslados, por pasar la comida y hasta por permitir la visita. Según dijo, un traslado llegaba a costar entre tres y cinco millones de bolívares, pero pagarlos no aseguraba que al reo lo fueran a llevar realmente a un penal.
