La asamblea, a cargo de redactar una nueva Constitución, «no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos» y «no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país», indicó un comunicado del ministerio español de Relaciones Exteriores.
Por ello, Madrid «no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente».
En medio de protestas y violencia, más de ocho millones de venezolanos eligieron el domingo a los integrantes de la Constituyente, impulsada por Maduro como la solución a la profunda crisis política y económica de Venezuela pero rechazada por la oposición que la tacha de un intento del gobierno de perpetuarse en el poder.
España «estudiará junto con sus socios de la Unión Europea y países amigos de la región las medidas adicionales que puedan ser efectivas para promover una restauración de la institucionalidad democrática y constitucional» en Venezuela, señaló el comunicado.
El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, ya esbozó el viernes la posibilidad de estudiar medidas contra Caracas, al advertir que la situación en ese país había alcanzado un «punto crítico» tras meses de protestas que han dejado más de un centenar de muertos.
Madrid instó de nuevo a iniciar «un proceso sincero de negociación con las instituciones democráticas legítimas y constitucionales de Venezuela como la Asamblea Nacional» de mayoría opositora, para alcanzar una salida a la crisis «que respete el marco constitucional y garantice la separación de poderes, los derechos humanos y la democracia», agregó el texto.
