El diario ABC de España dedicó su editorial de este lunes 1 de septiembre a denunciar la situación de veinte presos políticos venezolanos con nacionalidad española que permanecen en cárceles como El Helicoide o el Rodeo I, conocidas por organismos internacionales por sus condiciones inhumanas.
El texto cuestiona la contradicción del Gobierno de Pedro Sánchez: mientras facilita con amplitud la entrega de pasaportes a descendientes de españoles, permanece inmóvil cuando debe ejercer la protección consular de quienes se encuentran en peligro.
Los familiares de estos españoles encarcelados aseguran que se sienten abandonados. Aunque la política oficial presume de justicia histórica al reconocer la nacionalidad a quienes tienen vínculos con España, cuando se trata de protegerlos en contextos hostiles la respuesta gubernamental resulta débil, evasiva y decepcionante.
Españoles que esperan ayuda consular
«Siento que han sido indiferentes. La política exterior española frente a los presos políticos venezolanos con nacionalidad española ha sido, por no decir nula, insuficiente», denuncia una de las familiares de los reclusos. Ese testimonio, que podría repetirse decenas de veces, refleja el calvario de quienes deben suplicar una visita consular o rogar por un comunicado oficial que confirme alguna acción en defensa de los españoles encarcelados.
Actualmente se contabilizan más de 800 presos políticos en Venezuela, y al menos 20 de ellos son españoles reconocidos oficialmente. Entre los nombres destacan Alejandro González, Rocío San Miguel, Fernando Noya y Catalina Ramos. Viven sin juicio, con evidencias de tortura, sin acceso a médicos ni abogados y sobreviviendo con alimentos en mal estado, mientras sufren abusos cotidianos en prisión.
En contraste, otros países han conseguido liberaciones gracias a la presión diplomática. El pasado 24 de agosto, 13 presos políticos fueron excarcelados en Caracas tras negociaciones internacionales, ninguno de ellos español. Sin embargo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sí logró mediar en la liberación de un condenado por triple homicidio en Madrid, un hecho que aumenta la sensación de abandono entre los españoles presos políticos en Venezuela.
Doble nacionalidad como pretexto
El Ejecutivo español justifica su inacción en la doble nacionalidad de los afectados, señalando que al ser también venezolanos no procede la intervención directa. No obstante, esa doctrina no se aplicó en otros casos, como el de excursionistas vascos detenidos en el extranjero, que sí recibieron respaldo consular inmediato. En el caso de los presos políticos españoles en Venezuela, el argumento de la doble nacionalidad funciona más como excusa que como límite real.
El editorial de ABC concluye que esta actitud es insostenible. España no puede mostrarse generosa para otorgar pasaportes y al mismo tiempo ser incapaz de extender el amparo que implica la ciudadanía. Callar ante la arbitrariedad chavista y mirar hacia otro lado cuando hay españoles encarcelados sin juicio constituye, según el medio, una traición a los principios más básicos del Estado de derecho y a la obligación de proteger a sus propios ciudadanos.
