El expresidente panameño Ricardo Martinelli enfrentará un histórico juicio oral y público por la supuesta interceptación ilegal de las telecomunicaciones a decenas de políticos, empresarios, periodistas y activistas durante su mandato (2009-2014), según decidió hoy un juez del Supremo.

El magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, dictó este lunes el auto de apertura a juicio por los cuatro delitos imputados por el magistrado fiscal, Harry Díaz, que suman 21 años de prisión, y estableció el 11 de diciembre próximo como la fecha tentativa de inicio del debate oral y público.

Mejía enumeró cada uno de los cuatro delitos que le imputó la Fiscalía a Martinelli: interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), pecualdo por sustracción (10 años), y peculado de uso (3 años de cárcel).

“No hay justicia en Panamá”, gritó el exgobernante de 66 años cuando era conducido fuera de la sala de audiencias en la sede de la Corte Suprema en un receso de la audiencia de fase intermedia o acusación, que comenzó en junio pasado y finalizó este lunes.

Visiblemente afectado, Martinelli, quien permanece detenido de manera provisional en una cárcel de mínima seguridad, volvió a denunciar que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, ha manipulado el caso en su contra, un extremo que el actual mandatario siempre ha negado.

El jefe del equipo de defensa, Carlos Carrillo, anunció que presentarán una serie de recursos contra varias decisiones de Mejía, entre ellas denegar algunas de la pruebas presentadas a favor del expresidente.

El juez de Garantías dedicó un buen tiempo de esta jornada para volver a defender la competencia del Supremo para juzgar al ex jefe de Estado, frente a la pretensión de defensa de que debe ser un tribunal ordinario el que lo haga porque Martinellirenunció a su cargo de diputado regional.

La ley panameña establece que los diputados solo pueden ser procesado por el Supremo y Martinelli renunció a ese cargo en junio pasado, poco después de llegar a Panamá extraditado por Estados Unidos.

El juez insistió en que la competencia del Supremo quedó fijada con la acusación presentada por la Fiscalía contra Martinelli en octubre de 2015, cuando era indiscutiblemente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ya había huido de Panamá aduciendo persecución política.

En resumen, el magistrado juez de Garantías explicó que sería un despropósito que la mayoría de los nueve magistrados fallaran a favor de declinar la competencia del Supremo, como pide la defensa en un amparo pendiente de resolución.

Semanas atrás se filtró a la prensa un proyecto de fallo del ponente del amparo, el magistrado Oydén Ortega, que propone que se decline la competencia en una corte ordinaria.

El constitucionalista panameño Ernesto Cedeño comentó este lunes a Efe que lo decretado este lunes por Mejía “está sujeto a un fallo de la Corte en materia de un amparo de garantías”.

“En el evento de que el pleno de la CSJ considere que mantiene la competencia, esta es una oportunidad que va a tener el sistema de verificar y corroborar lo que son las pruebas, y poder especificar, determinar, si (Martinelli) es culpable o no culpable como autor material, como lo está pidiendo el Fiscal de la causa”, añadió.

Por su parte, el abogado y analista político Ebrahim Asvat dijo a Efe que el dictamen de juicio oral a Martinelli era lo que le correspondía hacer al Juez de Garantías, y lo dio por “un hecho”.

El amparo sobre la competencia del Supremo es parte de las “maniobras que se han utilizado” los defensores del expresidente “para retrasar el caso”, argumentó Asvat.

Martinelli será el primer expresidente panameño de la etapa democrática que enfrentará un juicio por un caso de espionaje político.

Está detenido en la cárcel El Renacer, a las afueras de la capital panameña, desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado a Panamá por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas. EFE




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