Ser abogada e introducir un amparo en contra del cierre del diario La Voz, en el estado Miranda, le costó la libertad a Blanca Suárez Camacho y su pase a la lista de presos políticos. Desde hace un año y dos meses, la jurista permanece recluida en el centro penitenciario La Crisálida, en Los Teques, tras un proceso marcado por la opacidad inicial sobre su paradero.
Su detención ocurrió luego de que intentara ejercer recursos legales para reactivar las operaciones del medio de comunicación donde laboraba.
“Ella pidió un amparo para abrir el periódico y por eso fue encerrada; duró desaparecida dos meses por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”, afirmó su hermana, Magdalena Suárez.
Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos se reunieron este jueves 19 de marzo frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en El Rosal. El grupo denunció que, tras un mes de la aprobación de la Ley de Amnistía, más de 500 personas continúan en prisión y expusieron las condiciones de reclusión en centros como El Rodeo I.
Durante la jornada, los asistentes recrearon los protocolos de traslado que denuncian los parientes en los centros penitenciarios. Señalaron que en El Rodeo I deben usar capuchas para ingresar a las áreas de visita.
Opacidad en La Crisálida
El rastro de la abogada Suárez se perdió durante semanas en diferentes centros de detención preventiva antes de ser trasladada a su sitio de reclusión actual. Los familiares reportan que la comunicación ha sido intermitente y condicionada a las disposiciones de los custodios del recinto de Los Teques.
La defensa legal de Blanca Suárez enfrenta cargos que la vinculan con la supuesta comisión de delitos graves sin que medie, según su familia, una base probatoria sólida. “Ella la acusan de delitos relacionados con funcionarios públicos y asociación para delinquir”, aseguró Suárez a Efecto Cocuyo durante la concentración frente al Ministerio.
El impacto del encarcelamiento de Suárez va más allá de los tribunales y golpea a su núcleo familiar. En su casa, la ausencia de la abogada transformó la dinámica cotidiana de sus tres hijos, que esperan con ansias el regreso de su madre.
Su hermana insiste en que no existen motivos legales para mantener la medida de privación de libertad tras más de catorce meses. “Sus hijos están sufriendo porque necesitan estar con su mamá, de la cual ya tienen un año y dos meses sin ella”, reiteró Magdalena.
Promesas de amnistía
En la refinería Cardón, en el estado Falcón, un incidente técnico ocurrido en mayo de 2022 derivó en la detención del exmilitar e ingeniero Hebro Leonardo Delgado Briceño. A pesar de que los informes internos señalaban que el origen del siniestro se debía a un accidente, el hombre fue privado de su libertad.
La vinculación de Delgado con el incendio contradice los registros operativos levantados por la gerencia de operaciones de la planta petrolera en Falcón según la declaración de su familiar.
“El incendio fue provocado por fallas mecánicas y quedó sentado en los registros de ese momento”, dijo su esposa, Marjolín González, quien se encontraba protestando frente a la cartera de cárceles.
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