Durante una visita para la atención de denuncias en San Cristóbal, estado Táchira, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 20 personas de entre las involucradas en la trama de corrupción Pdvsa-criptos se encuentran evadidas de la justicia.
Ello da como resultado que, de un total de 81 órdenes de detención emitidas por el reciente escándalo en empresas del Estado, incluyendo los de la Superintendencia de Criptomonedas y la CVG, sólo hay 61 personas procesadas.
“Ha sido un gran trabajo que responde al momento que vive Venezuela. No se va a permitir impunidad en materia de corrupción”, expresó.
Señalan medios como el diario El Universal que, en abril pasado, se iniciaron los operativos en los que se detuvieron a altos funcionarios públicos, empresarios y cómplices por estar incursos en “hechos de corrupción” y “malversación de fondos” en las estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptomonedas (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven) y el Poder Judicial.
En el transcurso de las investigaciones, el fiscal general precisó que en el caso de Pdvsa-Cripto 43 personas resultaron detenidas.
Además, reiteró que la modalidad de las operaciones paralelas a Pdvsa implicaban la asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a “particulares sin ningún tipo de control administrativo” e incumpliendo las normativas de contratación. «Luego de que comercializaban el crudo ilegalmente se incumplía con los pagos correspondientes a la estatal petrolera”, agregó en una entrevista concedida a finales de abril y citada por el mencionado diario.
Insiste en que Venezuela no debe ser tutelada por la CPI
Por otra parte, el funcionario se refirió a las violaciones de los derechos humanos y aseguró que Venezuela no tiene por qué ser tutelada por organismos internacionales, dijo en alusión a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
«En comparación con 2016, 2017 y 2018, las violaciones de los derechos humanos han disminuido en 40% en Venezuela, que tiene sus órganos de justicia que pueden, por sí mismos, atender a las víctimas. Más de 400 funcionarios policiales o agentes del Estado que violaron los derechos humanos han sido condenados», aseguró.
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