La ONG Foro Penal, que defiende a los presos políticos, confirmó este martes la verificación de la excarcelación de 91 personas en Venezuela, consideradas presos políticos, después de la aprobación de la Ley de Amnistía, en vigor desde el viernes pasado.
En total, las autoridades excarcelaron a 545 presos políticos desde el 8 de enero, fecha en que anunciaron la liberación de un «número importante» de personas. Así lo explicó en la red social X el director presidente de la organización, Alfredo Romero.
Foro Penal distingue entre liberaciones plenas y excarcelaciones, pues en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero bajo libertad condicional y con medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales.
#24Feb 9:10 a.m
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 24, 2026
Libertades por amnistía desde el 20/2/2026:
20/2: 7 libertades plenas y 1 bajo cautelares (esta última no es por amnistía)
21/2: 15 libertades plenas
22/2: 46 libertades plenas
23/2: 41 libertades plenas
Seguimos verificando otros casos.@ForoPenal
Compromiso con la amnistía
Más temprano, el diputado opositor Stalin González instó en X a «acatar sin excusas» la Ley de Amnistía en Venezuela y recordó que su cumplimiento «no es opcional». Esta declaración surgió luego de que organizaciones y familiares de presos políticos denunciaran retrasos y obstaculizaciones para aplicar este beneficio.
A su juicio, de nada sirve avanzar en el Legislativo con la aprobación de esta ley si no existe un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos. En este sentido, agregó que la amnistía «no es un adorno ni un titular», sino «una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país».
Consideraciones sobre la negativa de tribunales
El abogado y director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, criticó públicamente la negativa de algunos tribunales venezolanos a recibir solicitudes para la aplicación de la Ley de Amnistía, argumentando que esta práctica viola principios constitucionales y de orden público.
En un hilo publicado en la red social X, Himiob detalló una serie de consideraciones legales que obligan a los órganos judiciales a procesar estas peticiones, incluso de oficio.
Según Himiob, la Ley de Amnistía, promulgada como de «orden público y de interés general» en su artículo 4, impone a todos los órganos del Poder Público la obligación de aplicarla sin necesidad de una solicitud formal.
«Eso implica que todos los órganos del Poder Público están obligados a aplicarlas, incluso de oficio, sin siquiera la necesidad de una solicitud», explicó el jurista en su publicación.
#23Feb Sobre la negativa de algunos tribunales de recibir las solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, cabe hacer algunas consideraciones. Abro hilo:
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 24, 2026
El experto enfatizó que, al ser de «interés general», cualquier persona puede invocar su cumplimiento, no solo aquellos directamente afectados. Citando el artículo 26 de la Constitución, Himiob recordó que el derecho a la tutela judicial efectiva es para «toda persona», y no puede estar sujeto a «formalismos inútiles». Además, argumentó que los familiares de los presos políticos también tienen legitimidad para actuar, ya que no solo defienden derechos propios, sino intereses personales.
Himiob también rechazó la posibilidad de que los tribunales se nieguen a recibir escritos, afirmando que, incluso si se consideran irregulares o extemporáneos, deben ser admitidos y luego declarados inadmisibles de manera motivada.
«Ningún tribunal puede negarse a recibir ningún escrito», insistió. En el contexto de las víctimas, el abogado invocó el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que define como víctimas no solo a las personas directamente afectadas, sino también a sus familiares. Reforzó su argumento con la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder de la ONU (Resolución 40/34 de 1985), que incluye a los familiares inmediatos como víctimas.
El hilo concluye con un llamado a eliminar prácticas «ilegales e inconstitucionales» en la administración de justicia, especialmente cuando se trata de normas destinadas a promover la paz y la reconciliación.
Efecto Cocuyo
