La ONG FundaRedes publicó su informe número 17 sobre la situación en la frontera colombo-venezolana, correspondiente al período de septiembre a octubre de 2024, donde exponen los desafíos que enfrenta la región, abarcando temas como la crisis económica, la migración, la seguridad y los derechos humanos.
Uno de los puntos más críticos señalados por FundaRedes es la profunda crisis económica que afecta a los pequeños comerciantes de la región, publicó VPItv.
William Gómez, experto en temas fronterizos, señaló que «la falta de un mercado robusto, el alza de costos y los gastos administrativos hacen casi imposible sostener negocios en estas áreas». A esto se suman las dificultades derivadas de la extorsión, con la «matraca» como una práctica común que muchos comerciantes deben enfrentar para evitar sanciones o cierres forzados.
El informe también aborda la creciente migración de venezolanos hacia Colombia, con un promedio de 2.800 personas cruzando diariamente la frontera. FundaRedes estima que 60% de estos cruces se realiza de manera irregular, con migrantes que utilizan cédulas o pasaportes vencidos.
Además, la ONG advierte sobre la presencia de redes de trata de personas, “lo que expone a los migrantes más vulnerables a graves riesgos”.
En cuanto a la seguridad, el informe subraya el aumento de la militarización en la frontera, con ejercicios como “Mercenarios Go Home”, realizados en el Puente Internacional Atanasio Girardot. Estos operativos buscan fortalecer la «capacidad de respuesta ante una eventual incursión militar”.
Al mismo tiempo, el aumento de puntos de control en las carreteras del Táchira ha sido denunciado por el diputado Juan Carlos Palencia, quien alertó que muchos de estos controles «funcionan como puntos de extorsión ilegales».
Censura y amenazas contra activistas y periodistas
Los derechos humanos en la región también son motivo de preocupación para la organización, con periodistas y activistas enfrentando censura y amenazas. La Red de Derechos Humanos en Acción destacó en su último informe las restricciones a la libertad de expresión, proponiendo la creación de una red de activistas con perspectiva de género para enfrentar estos desafíos. Además, la Universidad de Los Andes (ULA) en Táchira ha sufrido continuos robos que han afectado su capacidad operativa, lo que agrava la situación de inseguridad en la zona.
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Finalmente, el informe concluye que, a pesar de los esfuerzos binacionales en marcha, la situación sigue siendo crítica en términos económicos, de seguridad y de derechos humanos. Aunque iniciativas como el Permiso Especial de Permanencia para Tutores (PEP Tutor) y la Visa V lanzadas por Colombia son pasos importantes, FundaRedes enfatiza la necesidad de implementar “estrategias más amplias que promuevan el desarrollo económico, sostenible y la seguridad en la región”.
