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Capitolio, sede del gobierno de Carabobo. (Foto: Archivo El Carabobeño)

Son varias las tareas pendientes, en materia de prevención, que mantiene el gobierno regional a más de un año del inicio de la pandemia. La dotación de equipos de bioseguridad para el 100 % de sus trabajadores es una. Así lo denunció Judermis García, secretaria del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación de Carabobo.

Según la representante gremial, la administración del gobernador Rafael Lacava no ha realizado operativos de despistaje de COVID-19 para sus empleados, a pesar del repunte de casos positivos reportado recientemente en la entidad carabobeña, que hasta la fecha acumula seis mil 835 contagios de acuerdo a cifras oficiales.

Además, expuso, carecen de una póliza de seguro HCM, por lo que les preocupa resultar contagiados con el virus y no tener acceso a atención médica, tomando en cuenta el colapso de los centros asistenciales del sistema público de salud.

Fue insistente al denunciar que “la gobernación no procura ningún mecanismo de bioseguridad”, ni siquiera para los trabajadores que obligatoriamente deben incorporarse a sus actividades laborales durante las semanas de cuarentena radical, por tratarse de dependencias que no pueden dejar de trabajar.

“No otorga tampoco ningún transporte privado, por lo cual los trabajadores se trasladan en transporte público, poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares”, agregó la vocera del sindicato. A su juicio, actualmente viven una emergencia laboral agudizada por la pandemia.

También hizo referencia a los “salarios de hambre y miseria” que devengan, los cuales van desde un millón 800 mil bolívares (0,84 centavos de dólar) hasta cinco millones 270 mil (2,46 dólares). Mientras la canasta alimentaria reportó un valor de 281 dólares en febrero, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

“Es lamentable que desde el primero de marzo consignamos ante el despacho del secretario general de gobierno, Jesús Paris, un documento petitorio, contentivo de algunos beneficios para que nos pudiesen ayudar a paliar esta terrible situación, y no hemos obtenido respuestas”, cuestionó.

Ante ese panorama, llamó al gobernador Lacava a que “se ponga la mano en el corazón y vea la situación de los trabajadores, una situación que ya conoce, porque son sus trabajadores, que ejercen la función de gobierno”.

 




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