Rocío San Miguel se encuentra en estado de indefensión, denuncia su abogado
Gobierno acusó a Rocío San Miguel por la conspiración "Brazalete blanco" / Foto: Archivo
El gobierno venezolano acusó a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, de traición a la patria y conspiración, por la trama «Brazalete blanco». En la audiencia también fueron presentados Alejandro José González Canales, ex pareja de la activista y cuatro de sus familiares.
Aunque el fiscal general no ofreció los nombres de esos familiares, se  presume que sean los que el abogado defensor de San Miguel dio por desaparecidos.
Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.
En un mensaje en su cuenta de X, el fiscal informó la noche del lunes que se encontraba en desarrollo la audiencia en el Tribunal Segundo contra el Terrorismo. También de González Canales, su expareja, y los cuatro familiares.

 

Traición a la patria y terrorismo

Saab informó además que el Ministerio Público solicitó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de San Miguel Sosa. Los delitos: traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros. La acusa de estar involucrada en la trama «Brazalete blanco».

Contra González Canales también solicitó la privativa de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

La Fiscalía pedirá medidas cautelares, «consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa», para las otras cuatro personas.

Trama «Brazalete blanco»

El fiscal aseguró que los seis detenidos aparecen «presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’. El objetivo era «atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios». A esta trama ya había vinculado a San Miguel cuando confirmó su detención este domingo.

Remarcó que las actuaciones están dentro de los lapsos legales y en estricto apego al respeto de los derechos humanos. La defensa de la activista denunció la desaparición forzada de San Miguel, en paradero desconocido desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía, hasta el domingo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el lunes la desaparición forzada de San Miguel. Recordó que la activista es beneficiaria de medidas cautelares del organismo.

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