Tres días después de que un juez federal confirmara la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos hasta 2026, las autoridades migratorias detuvieron a Jeferson Pacheco Cruces durante una cita rutinaria de control migratorio. A pesar de presentar documentación válida que acreditaba su protección bajo el TPS, los agentes le informaron que sus documentos no eran aceptables.
Karina Pino, pareja de Pacheco, relató su incredulidad: “Cuando el juez falló a favor de los venezolanos, me sentí aliviada y esperanzada. Pero aun así, lo detuvieron. Pensábamos que el TPS lo protegería y eso no ocurrió”.
Abogados y organizaciones que defienden a migrantes venezolanos han reportado al Miami Herald que cientos de beneficiarios del TPS han sido arrestados en los últimos meses. Familias de 30 venezolanos con TPS actualmente detenidos en estados como Florida, Texas, Arizona, Georgia y California compartieron sus testimonios con el medio.
Impacto en familias y comunidades
Pacheco y Pino emigraron primero a Ecuador y luego a Colombia antes de llegar a Estados Unidos por temor a la discriminación. En 2021, Pacheco se mudó a Tulsa, Oklahoma, y su pareja lo siguió al año siguiente. Allí compraron una casa y comenzaron a construir una vida estable.
Pacheco, de 39 años, padre de dos hijos de una relación anterior, trabajaba en una empresa de ensamblaje de autobuses escolares. Pino, de 45 años, también tiene un hijo bajo su cuidado. Todos cuentan con la protección del TPS, pero la detención inesperada ha generado temor por el futuro familiar.
Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni ICE han aclarado públicamente por qué los beneficiarios del TPS están siendo detenidos a pesar del fallo favorable de un juez federal en San Francisco. La mayoría pertenece a un grupo que obtuvo la protección en 2023, durante un periodo en que la administración Trump había intentado finalizar el TPS temporalmente.
Brechas legales del TPS
Algunos venezolanos con TPS habían mantenido su estatus desde 2021, cumpliendo con todos los requisitos de reinscripción y permisos de trabajo, según registros revisados por el Herald. Aun así, la administración actual ha mantenido detenidos a beneficiarios del TPS durante meses.
Entre los detenidos, varios tienen procesos migratorios activos, incluyendo solicitudes de asilo o residencia permanente. Las detenciones han generado un conflicto legal sobre la autoridad de ICE frente a los derechos que otorga el TPS, un estatus diseñado para proteger a quienes huyen de crisis humanitarias en su país de origen.
Abogados de inmigración señalan que la detención de venezolanos con TPS, que cumplen con todos los requisitos y no poseen antecedentes penales, es ilegal según el estatuto del TPS. James K. Larsen, representante de varios detenidos, afirma que estas personas deberían ser liberadas inmediatamente si la única razón de su custodia fue la suspensión temporal del TPS bajo la administración Trump.
Historias de detenciones y sueños truncados
Omar Vergara Flores, arquitecto venezolano y beneficiario del TPS, se encuentra detenido desde junio en Texas. Su esposa Jennyfer Carrillo relató cómo la detención truncó sus planes familiares y profesionales: “Nuestro sueño de estabilidad y hogar propio se desvaneció de un día para otro”.
Otro caso es el de Mario Monteverde, detenido en Nueva York tras salir del hospital con su hijo prematuro, a pesar de tener la aprobación completa del TPS. Su familia enfrenta ahora enormes desafíos para mantener a ocho hijos, incluyendo al recién nacido, mientras lidian con la incertidumbre legal.
Abogados aseguran que estas detenciones no solo afectan a los beneficiarios del TPS, sino que también generan un impacto emocional y económico profundo en sus familias, que dependen de su trabajo y estabilidad en Estados Unidos.
Implicaciones legales y críticas al gobierno
Los expertos sostienen que las acciones del gobierno contradicen los principios del debido proceso y la función protectora del TPS. Además, se señala que estas políticas benefician indirectamente a corporaciones penitenciarias privadas que lucran con la detención prolongada de migrantes.
Anthony Domínguez, abogado de un venezolano detenido en Pennsylvania, argumenta que existen recursos legales como solicitudes de libertad condicional o hábeas corpus, pero las vías son limitadas y enfrentan retrasos significativos. Mientras tanto, la ola de detenciones sigue afectando a miles de familias venezolanas que dependen del TPS para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Con información de El Nuevo Herald
