El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa denunció que, pese a haber recibido el pasado 19 de febrero una notificación de “libertad plena”, el proceso judicial en su contra permanece abierto.
Guanipa fue detenido en mayo de 2025 acusado de estar involucrado en un supuesto plan de “terror” contra las elecciones regionales y legislativas. Estuvo nueve meses privado de libertad antes de ser excarcelado durante las liberaciones anunciadas por el gobierno de Delcy Rodríguez.
“Yo sigo sometido a juicio, esa es la verdad”, declaró el exdiputado en rueda de prensa, al tiempo que informó que durante esos nueve meses de reclusión no pudo designar a un abogado privado para su defensa. Las imputaciones que pesan sobre él incluyen traición a la patria, terrorismo, obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir y conspiración con terceros países, según detalló el propio Guanipa.
La situación del dirigente expone una de las contradicciones más evidentes en la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero. Cuando le comunicaron la libertad plena, el funcionario de seguridad le indicó que se debía a la ley promulgada por Delcy Rodríguez; pero horas después, Jorge Rodríguez declaró que el caso de Guanipa no estaba contemplado en esa legislación y que la liberación respondió a una “concesión” del gobierno chavista.
Otras restricciones contra Guanipa
Más allá del juicio en curso, el exdiputado denunció que lleva diez años bloqueado en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), la entidad estatal que gestiona los documentos de identidad venezolanos. “Yo no tengo pasaporte sino vencido hace unos siete años porque no ha sido posible que me desbloqueen en el Saime”, sostuvo. También reclamó al Ministerio Público la devolución de los bienes que le fueron incautados al momento de su arresto en mayo del año pasado.
Según Foro Penal, más de 500 personas han sido excarceladas desde que el gobierno de Rodríguez anunció, a principios de enero, la liberación de un número importante de presos políticos. Con todo, la organización estima que al menos 644 permanecen detenidas por motivaciones políticas en Venezuela. La Ley de Amnistía contempla la creación de una comisión especial para revisar los casos que queden fuera del alcance de la norma, aunque su funcionamiento efectivo aún no ha sido demostrado.
Guanipa, aliado cercano de María Corina Machado, insistió en que cualquier proceso de reconciliación debe estar acompañado de verdad y justicia, y respaldó el plan de tres fases presentado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como hoja de ruta para convocar elecciones. El caso del ex diputado ilustra la brecha que separa los anuncios del chavismo de su aplicación concreta: un hombre formalmente libre que sigue siendo juzgado, sin documentos válidos y sin los bienes que el Estado le confiscó.
Infobae
