Los elementos del tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de hechos sobre Venezuela deben servir de insumo y evidencia para investigaciones en instancias nacionales e incluso en la Corte Penal Internacional, a juicio de Sara Fernández, abogada experta en Derechos Humanos y Derecho Internacional.
Los temas del tercer informe de la Misión fueron: los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno; y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
En su investigación, la Misión obtuvo testimonios de ex agentes que explicaron a los expertos el modus operandi de las violaciones y los mecanismos de selección de los funcionarios del Sebin y la DGCIM que forman parte de los contingentes de represión.
El informe demuestra que los perpetradores de menor rango son personas jóvenes provenientes de comunidades vulnerables, quienes son expuestos a “pruebas” para determinar si tienen sangre fría para cometer abusos y torturas, y para quienes se creó un sistema de represalias en caso de que pretendan negarse a seguir órdenes o beneficios para garantizar obediencia y lealtad hacia la institución. También señala recientes ascensos a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.
Sobre el tema la abogada Sara Fernández, quien forma parte de la ONG Cepaz y es consultora de otras organizaciones de derechos humanos, comentó que esto deja en evidencia una vez más que estos hechos forman parte de una estructura y un patrón ordenado por el gobierno, y no de hechos aislados.
Fernández resaltó que la Misión no es un tribunal, sino que utiliza toda la evidencia con el estándar de prueba de motivos razonables para sacar las conclusiones, estas conclusiones deben ser utilizadas como indicios para que la jurisdicción venezolana investigue. Añadió que si la jurisdicción de Venezuela no quiere investigar, puede continuar el fiscal de la CPI con la investigación, pero en todo caso debe ser un tribunal el que debe determinar la responsabilidad individual.
Recordó que ante la justicia internacional no es un argumento válido que funcionarios policiales o militares de mandos bajos o medios se excusen de que seguían órdenes superiores, pues son igualmente responsables más aún si cometieron crímenes de lesa humanidad, lo contrario al sistema de recompensa en Venezuela que los exime de sanciones o investigaciones.
Precisó que la Corte Penal Internacional no tiene límites para incorporar a sus investigaciones violaciones que no hayan formado parte del examen preliminar, por lo que nuevos crímenes que forman parte del reciente informe pueden ser investigados si así lo considera, más aun teniendo el nuevo elemento de la premiación reciente a perpetradores.
Recordó que los expertos de la Misión no han tenido acceso al territorio venezolano porque el gobierno no los ha autorizado. Aseguró que si bien es cierto que no han podido ingresar al territorio, han adoptado metodologías que les permite saber de primera mano lo que ocurre en Venezuela, estar en contacto directo con las víctimas, además de crear buenos canales de comunicación con las personas que documentan las violaciones en el terreno.
La Misión afirmó que entrevistó a 246 personas durante este ciclo del tercer informe que se suman a las entrevistas que habían realizado para los informes anteriores.
Violaciones en el Arco Minero del Orinoco
El abogado y profesor de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, Fernando Fernández se refirió al punto del informe sobre las violaciones en el Arco Minero del Orinoco y zonas aledañas, el cual entra a fondo en el tema ambiental e indígena, que fue otro de los enfoques del trabajo de los expertos de la Misión en esta oportunidad.
Fernández resaltó que es muy importante tomar en consideración algunos elementos de este informe que van al fondo del problema, pues hay hechos que deben llamar la atención no sólo de la Corte Penal Internacional sino de todos los organismos internacionales de la ONU y la OEA.
El informe –añade Fernández– señala la ilegalidad del Arco Minero, pues no solo no trabaja con criterios de impacto socioambiental, sino que la consulta obligatoria que prevé la Constitución con habitantes de la zona nunca se realizó, ese es un primer elemento de gravedad. Pero además en el caso de Venezuela quien conduce la explotación minera indiscriminada es el propio Estado en connivencia con la Fuerza Armada y no terceros privados como en otros países, por lo que no hay manera de eludir la responsabilidad ni estatal ni individual de las gravísimas violaciones que allí ocurre.
El abogado apuntó a que el informe señala hechos graves de responsabilidad tanto del Estado como de personas naturales que realizan estas actividades, no solamente como entes del Estado, sino como cómplices de elementos estatales.
En cuanto a la posibilidad de que la Misión sea renovada para un nuevo mandato, Fernando Fernández considera que eso dependerá de la petición y lo exigentes que sean los Estados que lo soliciten, así como el respaldo que obtenga del Consejo de DDHH.
Sara Fernández enfatizó que desde la sociedad civil se ha mantenido una fuerte campaña para que siga la Misión porque aún hay cosas que faltan por investigar. Agregó que es importante que países de la región hayan solicitado la renovación, sobre todo tener en ese grupo a países como Chile y Perú que han comenzado a reconstruir el reconocimiento diplomático con el gobierno de Venezuela, lo que da un mensaje de que independientemente de la búsqueda de soluciones políticas dan prioridad a la situación de derechos humanos en el país.
Nota de Prensa
