Hambre y enfermedades,
Esta política llevada a cabo por el Gobierno del Estado de México, con capital en la ciudad de Toluca, obedece a "razones humanitarias" y tiene como propósito "asegurar el bienestar de quienes se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad" frente al COVID-19, (EFE)

El hambre y las enfermedades han pasado a ser las principales causas de muerte en las cárceles del país en los últimos años.

De acuerdo con el estudio anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el año 2022 murieron 76 personas privadas de libertad y de ellas 55 sufrieron hambre y enfermedades sin recibir atención médica oportuna.

Los estados con mayor número de fallecidos fueron Lara, Carabobo y Bolívar. Según el balance del OVP, que dirige el abogado Humberto Prado, en cinco años, período comprendido entre 2017 y 2022, fallecieron 1.032 personas bajo custodia del Estado, de los cuales un 44.86% sucumbió ante problemas de salud.

Es así como la crisis carcelaria, lejos de resolverse se ha agravado por actos de corrupción y falta de políticas efectivas para la reinserción del individuo en la sociedad.

El año pasado registraron un total de 33 mil 558 privados de libertad en los distintos centros del país, a razón de 30 mil 998 hombres y 2 mil 560 mujeres conviviendo en 45 de los 52 establecimientos carcelarios que ahora quedan porque cerraron 11.

Hambre y enfermedades

Esto ha originado que el nivel de hacinamiento se encuentre en 164,19%.  La mayoría de los presos sufre por tuberculosis y desnutrición. El hacinamiento favorece el contagio de la enfermedad y la falta de alimentos causa los decesos por inanición.

Como es bien sabido, en la cárcel todo se paga, desde el ingreso de paquetería (kit de alimentos) hasta las visitas conyugales, traslado a tribunales, derecho a visita, acceso a agua potable, entre otros.

Para hacer cumplir la «norma» están los pranes, quienes controlan el 46% de los reclusorios, ya que el 43% es controlado en forma mixta y solo el 11% está bajo dominio del Estado o autoridad.

En virtud de que las autoridades no suministran cifras oficiales, el OVP realiza un arduo trabajo con sus equipos desplegados por el país, contando también con versiones de familiares de reclusos y datos de medios de comunicación social.




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