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(Foto referencial)

Este informe de la misión independiente debe interpretarse, en primera instancia, como el cumplimiento al mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en septiembre del año pasado encomendó que fuesen investigadas las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles cometidos en Venezuela desde 2014.

Así lo señaló este jueves 17 de septiembre la internacionalista Giovanna De Michele, coordinadora académica de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. A su juicio, el documento corrobora lo que Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, ha anunciado en sus dos informes anteriores sobre la situación de los derechos fundamentales en el país.

Fueron investigados 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la misión examinó otros dos mil 891 casos y constató que el gobierno de Nicolás Maduro, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de los venezolanos.

Luego de un año de investigación, la misión identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad de los cuales Maduro y los ministros del Interior y de Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, respectivamente, tenían conocimiento y eran parte.

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Impacto real del informe

En entrevista con El Carabobeño De Michele aclaró que el informe, aunque desde el punto de vista judicial no tiene ningún impacto ni es concluyente, da pie a una investigación posterior para determinar responsabilidades individuales, como lo establece el Derecho Penal. “Muchos medios de comunicación, nacionales e internacionales, han titulado que ‘la ONU acusa al gobierno de Venezuela’, pero la ONU no tiene facultad para acusar a ningún gobierno del mundo”.

Lo que sí es un hecho, es que representa un insumo que calificó como importante para el trabajo que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) porque, a pesar de que este organismo de justicia no depende del Sistema de Naciones Unidas, la misión independiente le solicitó que se aboque a la investigación. De esta manera, prosiguió la analista, se le hará cuesta arriba a la Fiscalía General de la CPI retrasar más un pronunciamiento, así como también se le dificultará decir que “no hay razones para pensar que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad”,

La académica resaltó que desde la perspectiva política el documento tiene un impacto muy fuerte, porque le dice a la comunidad internacional que hay serias dudas acerca del comportamiento de las instituciones del Estado y de los Poderes Públicos. La misión independiente menciona de manera particular al Poder Judicial y lo define con cómplice en muchas de las violaciones a los derechos humanos citadas en el texto.

En cuanto a la incidencia en la comunidad internacional, señaló que el gobierno de Maduro podría resultar fuertemente afectado debido a que el contenido del informe posiblemente afiance la desconfianza que ya existe hacia su administración. “Y para ellos eso es sumamente negativo, porque puede incidir en la posibilidad de celebrar o no acuerdos, incluso en el ámbito comercial”.

Para el activista y defensor de los DDHH Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, el informe de la misión es histórico, ya que es la primera vez que se usa el calificativo de “lesa humanidad” en un documento emitido por las Naciones Unidas sobre Venezuela. Agregó que en él se retrata la realidad de los cuerpos de seguridad y se evidencia la conducta que han utilizado para reprimir y violentar el derecho de las personas.

El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, coincidió con De Michele sobre la importancia del instrumento para las acciones que pueda emprender la CPI. “El informe de la misión se ha convertido en un insumo importante para poder avanzar de la fase de examen preliminar a la fase de investigación formal de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela”.

¿Contradicción en la ONU?

A pesar de los crímenes ampliamente documentados por distintos organismos internacionales, desde este año el Estado venezolano, representado por el gobierno de Maduro, ocupa un puesto en Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De Michele apuntó que esto se debe a que el único requisito previo para ser miembro del consejo es formar parte de la ONU.

El contradictorio caso venezolano no ha sido el único. “Han sido miembros del consejo países que tienen comportamientos muy cuestionables y dudosos en materia de  derechos humanos”, recordó la internacionalista. Es por eso que la presentación del informe de la misión independiente no se traduce a la salida automática del madurismo como representante de Venezuela ante la máxima instancia de la ONU en cuanto a DDHH.

Fue enfática al explicar que para revocar el cargo de un país dentro del consejo, los demás Estados miembro deben ponerse de acuerdo y hacer la solicitud. Mientras eso no ocurra, Venezuela continuaría ocupando su lugar hasta 2022.

Por su parte Feliciano Reyna, defensor de DDHH, reiteró lo afirmado por la profesora universitaria: el puesto de Venezuela en el consejo no está en juego por un informe como el de la misión independiente. “Lo que sí es importante es que cuando los Estados entran, se les obliga a cumplir con unos estándares. Así que esperaríamos que más allá de la primera respuesta que ha habido, se tomen muy en serio el documento y las recomendaciones del grupo de expertos y se avance en medidas de justicia y reparación para las víctimas”.

Presión para la CPI

Carlos Ramírez, abogado especialista en Litigación Penal Internacional, consideró que la CPI y su Fiscalía General son cómplices de las violaciones a los derechos fundamentales que están ocurriendo en Venezuela desde 2014, ya que a pesar de haber recibido al menos 117 denuncias, hasta el momento no han evitado que los crímenes sigan ocurriendo ni han respondido a las víctimas.

El jurista aseveró que el anterior fiscal general la CPI, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, cerró “sorpresivamente” y sin mayores explicaciones las denuncias de hace seis años. Mientras que su sucesora, la actual fiscal Fatou Bom Bensouda, ante la insistencia y el reclamo público, el 2 de febrero de 2018 anunció el inicio de un proceso preliminar respecto a lo ocurrido en el país, pero desde 2017.

“El procedimiento preliminar es solo constatar si las denuncias son serias y están documentadas debidamente. Han transcurrido más de dos años y medio y ella no ha salido de ese examen preliminar, nunca ha dado respuesta, a pesar de que los hechos siguen ocurriendo”, insistió Ramírez. “La fiscal está en una actitud de no cumplir con sus funciones porque Venezuela tiene como representante ante la CPI a la hermana de Tareck El Aissami”.

A su parecer, “si la Fiscalía fuese de verdad una autoridad independiente, que cumple con su trabajo, debería abrir de inmediato una investigación y dictar medida de arresto contra las personas responsables de los crímenes, pero no ha hecho nada. Está absolutamente divorciada de la realidad y eso indica que hay complicidad”.

El madurismo lo negó

No hubo sorpresas en la respuesta del gobierno madurista. A través de su canciller Jorge Arreaza aseguraron que no reconocerán el documento elaborado por la misión independiente por considerar que está “plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH”.

Los delegados de la ONU no pudieron visitar Venezuela debido a que el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes. Además, se enfrentaron a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizaron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.

La misión también analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

Durante una rueda de prensa posterior a la presentación de informe, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a las autoridades venezolanas a tomarse “muy en serio” el documento, cuyos hallazgos calificó como “muy preocupantes”.

Se espera que el grupo de expertos de Naciones Unidas presente el informe en un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos el próximo 23 de septiembre.

Consulte el informe completo aquí.




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