Desde 2009, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a varios funcionarios ligados al gobernador Francisco Rangel Gómez y el exsecretario de Seguridad Ciudadana, general Julio César Fuentes Manzulli por presuntos hechos de corrupción.
El comisario José Gregorio Lezama Gómez, quien fue jefe del Comando Anti Extorsión y Secuestros del estado Bolívar y que en enero de 2016 elaboró un informe entregado al director general del Sebin, Gustavo González López, acusa a Rangel Gómez y Fuentes Manzulli de fortalecer a las bandas armadas y de presionar a tribunales y Fiscalía para la liberación de los aprehendidos por hechos irregulares, sin que se curse actualmente una investigación al respecto.
El informe, que data del 26 de enero de 2016, fue entregado a González López, quien fue ministro de Interior y Justicia, por cuanto las denuncias no solo fueron de conocimiento por parte de la institución militar, sino por quien luego ocupara dicho ministerio.
Este informe fue citado por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigó la masacre de Tumeremo, para sustentar las aseveraciones de los diputados sobre los vínculos del gobierno regional con la corrupción, pranes que operan en el estado Bolívar, y por ende, como responsables de la violencia minera.
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