La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela computó, desde el pasado julio, al menos 244 violaciones a las libertades informativas en el país, traducidas, principalmente, en restricciones administrativas, discursos «estigmatizantes» y agresiones físicas o verbales, entre otras vulneraciones.
La organización, que defiende la libertad de prensa y el derecho a la información en la nación, aseguró que la segunda mitad de 2022 «representó un periodo en el que las acciones arbitrarias continuaron coartando las garantías informativas y la libertad de expresión».
«Esta persecución quedó en evidencia con el incremento de las acciones de censura por parte de las autoridades y otros actores contra medios de comunicación tradicionales y digitales, así como en detrimento de periodistas y trabajadores de la prensa como represalias por sus labores noticiosas», aseveró.
Ipys detalló que, del total registrado, 117 fueron restricciones administrativas, 30 discursos estigmatizantes, 29 agresiones físicas o verbales, 27 restricciones de acceso a la información, 25 hostigamientos judiciales, 8 relacionados a la censura y 8 restricciones en internet.
Señaló que los «actos de censura y otros atropellos» afectaron a 123 medios de comunicación, dos organizaciones defensoras de la libertad de expresión, una organización gremial y 73 trabajadores de la prensa.
Además, desde julio, 102 emisoras de radio salieron del aire «por instrucciones» de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de las cuales 49 «no contaban con permisos ni habían presentado el proyecto para transmitir legalmente».
La ONG agregó que el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, fue el «principal responsable de las vulneraciones contra la prensa» desde julio, seguido de «simpatizantes oficialistas».
