Ipys Venezuela denuncia que a activista detenido se le impide el contacto con su familia
El periodista Carlos Julio Rojas / Foto: Cortesía

La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela denunció este lunes que al activista y periodista Carlos Julio Rojas, detenido hace una semana por estar supuestamente relacionado con un plan para asesinar al jefe de Estado, Nicolás Maduro, se le ha impedido tener contacto con su familia y abogado privado.

«A familiares del periodista Carlos Julio Rojas, detenido el lunes 15 de abril, aún no se les permite verlo para constatar su estado de salud. Tras una semana privado de libertad, su familia y abogado privado siguen sin tener acceso al expediente del caso», señaló la ONG en su cuenta en la red social X.

El pasado 18 de abril, la ONG Espacio Público denunció que a Rojas se le impidió asignar a sus abogados de confianza en la primera audiencia ante los tribunales.

«El periodista, activista comunitario y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo en horas de la noche del 17 de abril, en violación del debido proceso, sin permitirle una defensa de su confianza», señaló la organización en nota de prensa.

Cargos imputados al activista detenido Carlos Julio Rojas

Espacio Público señaló que, hasta el momento, se desconoce si los cargos imputados son los mismos que anunció el fiscal general, Tarek William Saab, el pasado 16 de abril, de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Saab aseguró que Rojas está vinculado a la líder opositora María Corina Machado.

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En una comparecencia pública, el fiscal explicó que el activista forma parte de Vente Venezuela (VV), el partido fundado y liderado por Machado, y que recibía órdenes de la exdiputada para generar protestas violentas en el país.

Además, aseguró que Rojas está vinculado con un plan para matar a Maduro durante la inscripción de su candidatura presidencial, el pasado 25 de marzo.

Agregó que el periodista y activista «tenía dos investigaciones previas, de los años 2015 y 2022, y se encontraba con orden de aprehensión acordada en diciembre de 2017».

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