(Foto AFP)

El líder estudiantil nicaragüense Edwin Carcache, liberado el martes pasado bajo una polémica Ley de Amnistía, viajó este domingo a Washington para exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones carcelarias en el país tras la crisis sociopolítica.

Carcache, quien permaneció nueve meses en prisión en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaraguadesde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, dijo a periodistas que se reunirá con expertos de la CIDH y participará además en un panel donde se abordará la situación de los derechos humanos en el país.

“Mi visita a Estados Unidos consiste en un panel de presentación sobre la situación de derechos humanos de Nicaragua“, indicó el líder estudiantil a través de Twitter, junto a una fotografía en la terminal aérea nicaragüense.

Explicó que hará una presentación ante el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH, y se reunirá con el secretario ejecutivo de ese organismo, Paulo Abrão.

Aseguró que no se quedará en el exilio y que continuará la “lucha” contra el Gobierno de Ortega hasta que haya justicia para las víctimas de las protestas y Nicaragua se encamine por el rumbo de la democratización.

“La lucha no se deja, vamos a seguir denunciando todo lo que el Gobierno continúa haciendo. Vamos a denunciar las condiciones carcelarias en todo el país. Vamos a seguir luchando”, sostuvo.

Carcache, egresado de la carrera de Comunicación Social, fue arrestado en septiembre pasado después de una manifestación contra el presidente Ortega.

El Gobierno de Nicaragua dejó en libertad a Carcache junto a 55 “presos políticos” el martes pasado, bajo una ley de Amnistía que según la oposición dejará impune la represión gubernamental.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 325 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce 199.




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