(Foto Archivo)

La incautación de Citgo Pretroleum Corporation, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) autorizó un juez federal de los Estados Unidos (EEUU), por incumplimiento de pagos del Gobierno venezolano a la empresa canadiense Cristallex International Corporation.

El resarcimiento de  derechos mineros de Cristallex perdidos en territorio venezolano es lo que fundamenta la decisión del juez Leonard P Stark, del tribunal del distrito Wilmington en Delaware, que recae sobre las acciones de la compañía matriz Citgo residenciada en Houston, Texas, reseñó The Wall Street Journal

La reacción a la dramática medida en las redes sociales no se hizo esperar. Distintos economistas criticaron el legado de expropiaciones dejado por Chávez y las consecuencias de la irresponsabilidad en el pago de deudas por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Aún se desconoce la amplitud de la medida, que está contenida en una sentencia sellada. Se espera que esté a disposición del público en unos días.

El diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ) informó que este fallo podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores no pagados de Venezuela para arrebatarle el control de su único activo norteamericano que se puede aislar.

Según el rotativo, la sentencia podrá ser apelada en una instancia superior, sobre lo cual intentaron contactar a a abogados de Pdvsa y a representantes de Citgo, pero estos no quisieron hacer comentarios a los medios de comunicación.

La decisión agrava la ya precaria situación económica de Venezuela, que está en riesgo de perder su activo más grande en territorio norteamericano y una de las pocas empresas que generan ganancias en divisas para Venezuela.

Según WSJ, se estima que el Estado y sus diversas empresas tienen en circulación 62 mil millones de dólares en bonos no garantizados, de los cuales adeuda aproximadamente 5 mil millones en capital e intereses impagos.
Las sanciones impuestas por EEUU  al Gobierno venezolano impiden que los acreedores realicen ningún tipo de reestructuración o compra de una nueva deuda.
Este año el único pago realizado por el Estado fueron $107 millones en intereses correspondiente a los bonos de Pdvsa que vencen en 2020, y Citgo fue puesta como garantía de la estatal petrolera para los acreedores que invirtieron en esos papeles, lo cual según analistas especializados se hizo con la intención de proteger este importante activo.
Los inversores de estos bonos, que incluye 43 compañías que tienen querellas contra el Gobierno nacional, corren el riesgo de perder tal vez el único activo obvio que posee Venezuela en territorio estadounidense, que se puede decomisar para reembolso, por lo que temen que la decisión del juez Stark, de mantenerse, pueda incidir en la decisión de Pdvsa de no seguir pagando sus deudas.
Sin embargo, para que Cristallex pueda vender las acciones decomisadas, requiere la aprobación del Departamento del Tesoro de los EEUU, antes de eliminar algunos otros impedimentos legales.
Lea la información completa en:   The Wall Street Journal

 

En Twitter, distintos economistas se pronunciaron sobre la medida judicial que coloca al país en riesgo de perder uno de sus principales activos.

 

 

 



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