La Nación de Argentina reseñó que Villena decidió así que la aeronave quede a disposición de su Juzgado y del juez federal con asiento en Washington, DC, Michael Harvey. Tomó la decisión horas después de que la fiscal Cecilia Incardona apoyara la solicitud estadounidense, por lo que el Boeing 747 de la aerolínea Emtrasur permanecerá varado en Ezeiza, a pesar de los airados reclamos del gobierno de Nicolás Maduro.
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Cecilia Incardona. Foto cortesía La Nación
La decisión del juez Villena tuvo consecuencias inmediatas. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se presentaron esta tarde en el aeropuerto e ingresaron a la aeronave para, a continuación, redactar el inventario que exigió el juez federal con asiento en Washington DC, G. Michael Harvey, al disponer la incautación.El juez, además, autorizó al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos a coordinar y gestionar los requisitos para la custodia de la aeronave y las tareas de mantenimiento, incluido el pago de los gastos que insuman esos servicios.
Villena permitió además realizar una inspección mecánica del avión, del hangar y el alquiler del lugar donde permanecerá la aeronave. En su resolución, Villena precisó que la requisitoria de la Justicia estadounidense llegó a sus manos a través del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien no hizo uso de la facultad que le otorga la legislación local para limitar los alcances de la asistencia solicitada por Estados Unidos.
La decisión del juez Villena llegó después de que Venezuela hiciera públicos reclamos de alto voltaje político contra la Argentina por haber “secuestrado” el avión y a sus tripulantes, según dijo el presidente Maduro. Legisladores venezolanos dijeron, incluso, que Alberto Fernández era un “títere del imperio” por retener la aeronave y descalificaron al juez Villena y a la fiscal Incardona.
El embajador argentino en Venezuela Oscar Laborde se reunió con Pedro Carreño, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana que calificó a Fernández de “pelele, títere y jalabolas” por retener al avión de Emtrasur con tripulación iraní.
En tanto la Asociación de Magistrados, la DAIA y la Asociación de Fiscales salieron a respaldar la actuación de la fiscal y a repudiar las declaraciones que, entendieron, buscan presionarla. La Procuración General de la Nación envió un oficio a la Cancillería en el que expresa “preocupación institucional”. El comunicado está firmado por Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación.
La Justicia de Estados Unidos ordenó la incautación provisoria del Boeing 747 que permanece varado en la Argentina tras recibir evidencias de que los venezolanos le compraron el avión a los iraníes en violación de las leyes norteamericanas y mediante una triangulación solapada en los Emiratos Árabes, según surge de los documentos que presentó el FBI ante la Corte federal en Washington, y a los que accedió LA NACION.
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La decisión la adoptó el juez Harvey tras analizar la solicitud que le presentó el agente especial del FBI Adam Mastrianni, el 19 de julio pasado. Autorizó a efectivizar la incautación temporaria -y hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión- del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur “a cualquier hora del día o de la noche”, atento a la gravedad de lo requerido y el peligro en la demora.
Este pedido de colaboración de Estados Unidos llegó desde el Departamento de Justicia norteamericano al Ministerio de Justicia argentino, que lo envió al juez Villena para que lo tramite. Villena decidió tramitarlo como un expediente aparte de la causa principal en la que se investiga a los 19 tripulantes. Al ser un incidente aparte, Venezuela no es parte en ese trámite (la empresa estatal venezolana Conviasa es parte en la causa principal) por lo que no podrá apelar la decisión del juez Villena.
Antes de tomar una decisión en ese incidente, el juez le pidió opinión a la fiscal Incardona, quien concluyó que la petición de los Estados Unidos es formalmente procedente, que reúne los requisitos que prevé el tratado de colaboración mutua con los Estados Unidos (ley 24034) y que el magistrado es competente para tramitar este pedido.
En el dictamen de la fiscalía se señala que el avión está retenido en jurisdicción del juez, que es competente y es quien investiga además a la tripulación. El tratado de colaboración mútua con Estados Unidos no requiere que en una incautación haya una doble subsunción, es decir no exige que los delitos cometidos en Estados Unidos, por los cuales se pide la incautación, estén contemplados en la ley argentina.
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De hecho, Estados Unidos entiende que el avión debe ser incautado porque se violó una resolución de comercio que impone la autorización previa de su gobierno para vender determinados activos -entre ellos, aviones y sus repuestos-, como también le otorga la facultad de prohibirle la venta -o incluso la reventa a terceros- de esos mismos activos.
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