La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, dijo hoy que ese tribunal verificará cuándo se cometieron los supuestos delitos por los que fue detenido el exjefe guerrillero «Jesús Santrich», para determinar si procede o no su extradición a Estados Unidos.
La fecha es importante porque si fue antes del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo definitivo de paz firmado por las FARC el 24 de noviembre anterior, «Santrich» estaría cobijado por el compromiso del Gobierno colombiano de no extraditar a miembros de esa guerrilla, pero si fue después sí procede el pedido.
La magistrada indicó que la Sección de Revisión del Tribunal verificará si los delitos de los que se acusa a «Santrich», uno de los líderes de la antigua guerrilla de las FARC, fueron cometidos «antes del 1 de diciembre de 2016.
«Si es así y estos hechos están directa o indirectamente relacionados con el conflicto» la sección responsable del caso en la JEP lo enviará a la Sala de Reconocimiento, de Verdad y de Responsabilidad, que «se ocupará de lo pertinente».
Si por el contrario, los hechos «fueron cometidos con posterioridad a la fecha mencionada (…) deberá remitirlo a la jurisdicción ordinaria para que se ocupe del tema y no se excluye en ese caso la posibilidad de extradición», explicó Linares.
«Santrich», como era conocido en su época de guerrillero Seuxis Pauxias Hernández Solarte, de 51 años, fue capturado ayer en Bogotá por la Fiscalía colombiana con base en una circular roja de Interpol a petición de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de haber negociado un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país después de la firma del acuerdo de paz.
La magistrada Linares aseguró que la JEP dará «plena garantía de respeto al debido proceso, de seguridad jurídica, de rigor y de cumplimiento estricto de las normas desde el Acuerdo Final para la Paz».
La JEP se puso en funcionamiento el pasado 15 de marzo y es la columna vertebral del acuerdo de paz con las FARC.
Esta jurisdicción transitoria tratará los crímenes cometidos por exguerrilleros, agentes de la fuerza pública y civiles en el marco del conflicto armado con una visión de la justicia restaurativa para aquellos que cuenten la verdad, mientras que expedirá sanciones ordinarias para los que no colaboren con la Justicia. EFE
