El vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami, dijo que el Ejecutivo había acordado «precios justos y solidarios» luego de varias reuniones con productores y distribuidores que terminaron, dijo, «felizmente».
La firma de estos acuerdos, que fue parcialmente transmitida por el canal estatal VTV, no incluyó la difusión de ninguna de las nuevas tarifas ni de los productos que serán objeto de estas regulaciones, aunque los funcionarios del Gobierno han dejado claro que se trata de ítems básicos o de consumo masivo. «Ese precio acordado debe satisfacer en gran medida a nuestro pueblo y así asegurar la continuación de la producción, de toda la cadena, la reposición continua».
El Gobierno -remarcó- vigilará que los precios acordados no «se desfasen de la realidad», para lo cual mantendrá un «diálogo permanente» con los comerciantes y «ante cualquier factor de perturbación (habrá) una respuesta inmediata», advirtió.
El vicepresidente agregó que exonerarán aranceles de importación a algunos sectores productivos.
LA FISCALIZACIÓN YA HA COMENZADO
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó, a través de su cuenta en Twitter, de varias fiscalizaciones a establecimientos comerciales en Caracas y en otros cinco estados, en tanto que algunos de estos procedimientos terminaron con el «ajuste de precios de manera inmediata».
La ministra de Comercio, Eneyda Laya, dijo a VTV que estas revisiones se realizaron en conjunto con funcionarios policiales y militares. «No estamos acaparando, ni confiscado absolutamente nada, estamos trabajando para garantizar que los precios sean reales», dijo la también superintendente de la Sundde.
A su juicio, en la última semana se desató un ataque especulativo contra el pueblo, en alusión al incremento de los precios de alimentos, que se produjo a la par de una devaluación de 25 % de la moneda local en el mismo período de tiempo.
Laya aseguró que no habrá desabastecimiento de productos, como ya ocurrió severamente hasta 2018, y que no se le pedirá a los comerciantes que trabajen bajo pérdida pues, dijo, «se está velando para favorecer ambas partes».
LOS PRECIOS SIGUEN EN ALTO
Con tres bolsas recién cargadas en un supermercado del este de Caracas, Fernando Hernández dijo a Efe que las medidas de control de precios anunciadas por Maduro el pasado viernes no han hecho crecer su poder adquisitivo.
Son los mismos precios del domingo, nada ha bajado de precio, dijo el caraqueño de 52 años que en su escueta compra gastó cerca de tres millones de bolívares, unos 17 dólares o el equivalente de unos seis salarios mínimos.
Hernández teme que los nuevos controles de precios, como ocurrió en el pasado, se traduzcan en la proliferación de revendedores, conocidos en el país como «bachaqueros», que habían dejado de ser tan importantes en la comercialización desde la flexibilización de la economía que el Gobierno implementó a finales de 2018.
Con una preocupación similar, la funcionaria Edelmira Flores remarca el hecho de que su salario no le alcanza para comprar ni media caja de huevos, un ítem que según medios locales está incluido en la lista de nuevos controles y que en el pasado era un bien escaso en los supermercados.
La sexagenaria va más allá y teme que la situación económica provoque robos por hambre o saqueos, como ya ha ocurrido en los últimos días en algunas regiones de Venezuela.
MÁS DINERO E INFLACIÓN
El Gobierno anunció este lunes el segundo aumento al salario mínimo en lo que va de año. Se trata de un incremento del 60 %, con lo que los trabajadores y pensionistas pasarán a recibir desde mayo 400.000 bolívares mensuales (2,33 dólares).
La información la dieron a conocer varios ministros en las redes sociales, a través de un documento que informa de bonificaciones adicionales para empleados activos y jubilados que elevarán esos ingresos mínimos hasta los 4,70 o los 4,11 dólares, respectivamente, según la tasa de cambio oficial.
El nuevo salario mínimo se enfrentará con la inflación que, según estimaciones no oficiales, cerrará abril por encima del 50 % luego de un incremento de 21,2 % en marzo.
Solo para comer, una familia requiere más de 100 salarios mínimos pues el costo de la canasta alimentaria ronda los 355 dólares, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas).
