Cerca del mediodía de este miércoles fueron ingresados a la morgue de Bello Monte los cuerpos de Erick José Gastón Pantoja (24) y Javier Román Castillo, asesinados durante un motín de presos la noche del martes en los calabozos del comando de la PNB en Boleíta (antigua Zona 7 de la Policía Metropolitana).
De acuerdo con la versión policial, las autoridades tuvieron que dialogar con los presos sublevados para que permitieran rescatar los cuerpos que se encontraban en el área de conflicto, previas garantías a favor de los detenidos con la presencia de la Fiscal auxiliar 14 a nivel nacional en materia de derechos humanos, Mercedes Urbina.
También pudieron ingresar funcionarios de Homicidios y de Inspecciones Técnicas del Cicpc, para realizar las experticias y retirar los cuerpos.
Desde la noche del martes permanecen en las afueras de la Zona 7 numerosas personas (en su mayoría mujeres), a la espera de noticias de sus familiares detenidos.
Exigían la presencia de la ministra Iris Varela y de representantes del Ministerio Público.
Familiares señalaron que Erick Gastón, quien fue decapitado, y la fotografía circuló por las redes sociales, tenía más de un año preso por hurto, y negaron rotundamente que haya sido un violador. El hombre dejó tres hijos, de 5, 4 y un año.
Denunciaron que hay 12 enfermos de tuberculosis y no reciben tratamiento, que los visitantes deben pagar 10 mil bolívares por pasarles comida, ropa u otro artículo de necesidad.
El centro tiene capacidad para 250 presos y alberga entre 950 y 1.000 seres humanos en absoluto hacinamiento.
Debido a las condiciones infrahumanas en que viven los presos, se desbordaron el martes y comenzó la revuelta, quemando colchones, rompiendo candados y exigiendo la presencia de representantes de los DDHH, pues de lo contrario llegarían hasta a inmolarse.
Funcionarios de la PNB, incluyendo las FAES llegaron para controlar la situación, con equipos anti motín.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) anunció que notificará de lo sucedido en Boleíta a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de las Américas sobre los privados de libertad, y al sistema Universal del Comité Contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes.
El OVP ha denunciado reiteradamente la situación de hacinamiento que persiste en los comandos policiales, debido a la falta de cupo en los centros carcelarios, e insta a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, a proporcionar los cupos para que los presos sean trasladados a su lugar de reclusión.
Los internos se quejan por la falta de espacio, no hay luz ni ventilación, duermen en el piso, algunos de pie, otros sentados y algunos hasta encima de otros.
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