“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”; así reza el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el recordatorio corresponde al abogado Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al abordar el tema de los presos políticos que presentan cuadros de salud muy delicados sin que ninguna autoridad cumpla con la ley ni atienda las denuncias de sus familiares.
De acuerdo con las investigaciones que ha realizado el OVP a nivel nacional, al menos 45 presos políticos sucumben en calabozos, en condiciones precarias, sin la debida alimentación ni tratamiento médico oportuno, debido a la precariedad del sistema penitenciario en Venezuela. Reciben torturas físicas y psicológicas.
El Estado es responsable de la atención médica en los sitios de reclusión, las medidas que asumen son nulas y la situación resulta desesperanzadora tras el fallecimiento del concejal apureño Carlos Andrés García, recordó Prado.
Refirió que 39 presos políticos requieren de medidas humanitarias por el deterioro de su estado de salud, como el caso de Carlos Graffe, quien padece de cálculos renales y el profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara. Ambos continúan detenidos.
“El Estado venezolano debe ofrecer respuestas inmediatas sobre el derecho a la vida de todos los presos, y como evidentemente no lo ha hecho, está incurriendo en el delito de omisión al no garantizarles sus derechos a estas personas”, dijo Prado haciendo énfasis en el fallecimiento del concejal.
LA MUERTE DE CARLOS GARCÍA
Carlos Andrés García murió el domingo 17 de septiembre, luego de permanecer en estado de gravedad, como consecuencia de un Accidente Cardiovascular que sufrió mientras se encontraba en los calabozos del Sebin en Guasdualito. Sus familiares denunciaron que el edil estaba en condiciones de hacinamiento e insalubridad desde diciembre de 2016, y por más de 15 días estuvo sin recibir atención especializada, hasta que lo trasladaron al Hospital Central de San Cristóbal.
Entre otros casos que preocupan al equipo del OVP, se encuentra el del diputado Gilber Caro, quien está en la cárcel de Tocuyito, presuntamente en aislamiento severo, y tuvo que suspender una huelga de hambre porque convulsionó y su vida está en riesgo.
También destaca la situación del alcalde de Barquisimeto, quien padece de hipertensión y ha pasado tiempo sin ser visto por sus familiares.
De los 22 estudiantes del UPEL llevados a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, cuatro contrajeron paludismo y por ese motivo fueron trasladados a la cárcel de Tocuyito.
Este Gobierno ha reactivado la cárcel de El Dorado, ubicada en una zona selvática, conocida en años anteriores como Colonias Móviles de El Dorado, a la cual llevaban a los hombres que eran objeto de la pena de vagos y maleantes.
Como defensor de los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, Prado hizo un llamado de emergencia a los organismos internacionales para que se pronuncien sobre esta situación que pone en peligro al resto de la población penitenciaria, que está expuesta a enfermedades como tuberculosis, escabiosis, infecciones de transmisión sexual, entre otras.
Prado también exigió la liberación inmediata de 18 privados de libertad que recibieron boleta de excarcelación pero permanecen tras las rejas por capricho de funcionarios públicos que están desobedeciendo las ordenes de un tribunal. Entre ellos se mencionan los dirigentes Yon Goicoechea y José Vicente García, quienes según sus familiares están en celdas sin ventanas ni ventilación, y además les dan agua contaminada.
Los privados de libertad que tengan problemas de salud deben recibir una medida cautelar de inmediato para que puedan recibir la atención médica adecuada y trasladarlos rápidamente a un centro de salud en caso de emergencia. El Gobierno venezolano se jacta del respeto a los derechos humanos, pero es evidente que atenta contra los más vulnerables, que son precisamente los que no tienen acceso a la libertad. Es bien sabido que el grado de civilidad de un Estado se mide en el modo como trata a sus presos, sentenció Prado.
OTROS CASOS PARA RECORDAR
Son muchos los privados de libertad que han muerto por la ineficacia del Estado en cuanto al sistema penitenciario, pero hay casos emblemáticos de presos políticos, que han tenido mayor connotación como el fallecimiento de Rodolfo Pedro González Martínez, de 64 años, conocido como “el aviador”, quien fue hallado muerto el 13 de marzo de 2015 en su celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Vimos varios tuits que decían que Rodolfo González había sufrido un accidente y lo trasladaron en ambulancia, destacó su hija Ivette González en ese entonces. Aseguró que acudió a la sede del Sebin para solicitar información, pero le negaron el acceso. Media hora después la llamaron desde el Ministerio Público para informarle que su padre se había quitado la vida. explicó Prado.
González fue capturado durante el allanamiento de su vivienda, luego de que un “patriota cooperante” lo denunciara por ser un presunto líder en las manifestaciones. “Mi papá estaba desesperado, era muy fuerte el acoso psicológico que recibía, varias veces intentó quitarse la vida y lo frenamos”, destacó la hija.
LAS CIFRAS
En Venezuela hay un total de 504 presos políticos, que han sido acusados de terrorismo, asociación para delinquir, entre otros delitos. Noventa y nueve de ellos han recibido el beneficio de arresto domiciliario, mientras que el resto sobrevive en condiciones infrahumanas en los calabozos del Sebin, comandos de la GNB, Cicpc, PNB y centros de reclusión preventiva.
Los estados con mayor cantidad de detenidos son Zulia con 111, Miranda con 74 y Aragua con 73. En Carabobo hay 38 personas detenidas, 32 en Mérida, 28 en Bolívar y 27 en Táchira.
