La idea que el presidente Gustavo Petro le planteó el lunes al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante el Consejo de Ministros, anticipa posibles vicios. Según expertos, se acerca a una provocación a Estados Unidos, en medio de la reciente decisión de revocar su visa por haber incitado en Nueva York al Ejército estadounidense a desobedecer órdenes de la Casa Blanca.
El Tiempo difunció un reportaje según el cual, ara enfrentar los grupos armados que delinquen en la región del Catatumbo -ELN y disidencias de las FARC-, el jefe de Estado propuso avanzar en un trabajo conjunto de inteligencia entre las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela. “Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, insistió el primer mandatario.
Más allá de lanzar una idea al aire, analistas advierten el vacío de fondo de la propuesta que, como señala Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, es de doble filo.
“Desafortunadamente, si se quiere lograr avances operativos, es necesario compartir información con personas del otro lado de la frontera, quienes pueden observar los movimientos de los grupos ilegales desde otra perspectiva. Solo así es posible construir una visión conjunta sobre cuáles son las rutas de distribución, en qué ciudades tienen mayor impacto, qué organizaciones más pequeñas apoyan a estructuras delictivas mayores y, además, detectar qué agentes o autoridades del Estado podrían estar actuando en connivencia con esos grupos ilegales”, aseveró.
El ministro Pedro Sánchez ha negado en ruedas de prensa que exista comunicación con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino. Esto quedó en evidencia el 11 de agosto, cuando la atención estaba puesta sobre el disidente de las FARC señalado como uno de los cerebros del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras permanecer dos meses hospitalizado.
Ese día, el propio Sánchez confirmó que José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, había sido abatido por el ELN en un enfrentamiento cerca de la frontera colombo-venezolana, al avalar un comunicado emitido por esa guerrilla.
Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, advirtió que como en declaraciones previas de Petro, se desconocen detalles jurídicos y territoriales esenciales para comprender el alcance de esta medida, que el mismo presidente calificó de complicada. Puede derivar en el sigiloso desplazamiento de intereses ajenos a la lucha contra los violentos.
“Tampoco se identifican con claridad las amenazas que se pretende combatir, en particular aquellas de carácter binacional. Y resulta problemático, considerando que hay evidencia clara de que sectores militares venezolanos mantienen coordinación con el ELN en el lado venezolano de la frontera”, señaló.
El académico precisó que uno de los lunares de la idea es que el gobierno colombiano podría compartir información de inteligencia con el Ejército venezolano sin tener la certeza de que esa información no llegue a manos del ELN o, eventualmente, de otras estructuras armadas colombianas que delinquen en territorio venezolano, como la Segunda Marquetalia.
"Acuerdos de inteligencia de seguridad estarían viciados"
La ausencia de transparencia y de respaldo democrático en un eventual acuerdo genera vicios, porque no tendría el mismo impacto ni la misma legitimidad que si se realizara con un gobierno comprometido con la lucha contra los grupos armados ilegales y las bandas delincuenciales. “En esa medida, la información de inteligencia y los acuerdos militares están contaminados por los intereses de un régimen que, desde Chávez, ha permitido la presencia de grupos armados al margen de la ley colombianos que transitan libremente entre la frontera colombiana y venezolana, especialmente en los departamentos Norte de Santander, Arauca y Meta”.
La profesora Socorro Ramírez, politóloga y doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, señaló que ni siquiera se ha incluido en la agenda bilateral la situación de los colombianos detenidos arbitrariamente por el régimen venezolano. "Ese tema no ha sido puesto sobre la mesa por ninguno de los dos gobiernos”.
A Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación le parece más una provocación a Estados Unidos que una verdadera directiva estratégica a las Fuerzas Armadas. "No parece una orden presidencial estructurada, con un plan de seguimiento claro”.
El politólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Eduardo Pizarro Leongómez planteó que Colombia no debería en ninguna circunstancia apoyar las medidas de fuerza de Washington en el Caribe. Mucho menos, una intervención militar directa que crearía una zona de guerra en la única frontera terrestre viva de Venezuela, lo cual podría afectar mucho la estabilidad de nuestro país. Pero tampoco es conveniente en las actuales circunstancias para la seguridad nacional un intercambio de información en temas sensibles entre Bogotá y Caracas. Esta puede ser mal utilizada por nuestro vecino".
