(Foto: Cortesía/Referencial)

Diversos hechos documentados durante 24 años determinan que en el país existe una hegemonía comunicacional bien consolidada desde el gobierno, que atenta contra las libertades informativas y de comunicación.

Así se detalla en el informe “Un silencio a la fuerza” elaborado y publicado por la ONG Transparencia Venezuela, en el que quedan evidencia las estrategias implementadas desde el poder.

Es un estudio y análisis que evidencia que todo comenzó en 1999 cuando se limitó a los medios y sus periodistas a acceder a las fuentes oficiales y comenzaron a mantenerse en secreto las estadísticas oficiales, con la falta de presentación de pública de balances de gestión. El resultado no fue otro que una ciudadanía desinformada.

Crónica del silencio impuesto

En el año 2000 se violó la libertad de expresión a través del Código Penal y el Código de Justicia Militar con la judicialización de las expresiones contrarias o críticas al gobierno y sus funcionarios. En 2001, Hugo Chávez, como presidente de Venezuela, dio un discurso con motivo del Día del Periodista y comenzó la violencia de calle, por parte de los Círculos Bolivarianos y seguidores oficialistas contra la prensa.

En el 2022 se registraron 142 eventos, agresiones o inhibiciones de la acción periodística con 154 medios de comunicación afectados.

Entre 2003 y 2022 fueron al menos 233 emisoras radiales cerradas y aumentó el silencio de las voces críticas y del periodismo independiente, además del miedo y la autocensura entre los propietarios y trabajadores del espectro radial.

En 2004, con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se impuso el marco sancionatorio bajo el supuesto de proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes y evitar la zozobra en la población.

Un año más tarde, de modificó el Código Penal con el aumento de las penas para delitos relacionados con la protección del honor y reputación de los funcionarios públicos y la creación de delitos como el de la información falsa. En 2006 se creó el Sistema Nacional de Medios Públicos, y en 2007 se cerró RCTV con la confiscación de sus equipos. En 2009 se cerraron, de forma simultánea, 34 emisoras radiales.

En 2010 se reformó el reglamento de interior y debate de la Asamblea Nacional para prohibir que medios privados ingresaran a cubrir las sesiones. Entre 2011 y 2013 hubo opacidad relacionada con la enfermedad del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez.

En 2013 inició la venta de diferentes medios de comunicación que pasaron a manos de empresarios vinculados con el oficialismo, como la Cadena Capriles, el Universal y Globovisión. También comenzó el control de internet contra medios digitales y la creación de plataformas alternativas como el Twitter Bolivariano, Red Patria, Colibrí y Cardenalito. También nació el “ejército de trolls” de la revolución bolivariana. Y en 2022 se reportó el cierre de 86 emisoras de radio en 16 estados del país.

El informe completo puede leerlo aquí.




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